Los últimos acontecimientos vividos por los mercados de renta variable y de deuda pública, el peligro de sostenibilidad de la deuda, y la presión internacional por parte de nuestros socios europeos obligaron al Gobierno español a llevar a cabo un duro ajuste fiscal.

En concreto, estas medidas van encaminadas a reducir el déficit público en 0,5 puntos porcentuales más en 2010 y en 1 punto porcentual más en 2011 de lo acordado en el Plan de Austeridad aprobado por el Ejecutivo el pasado enero. A estas alturas, nos preguntamos cuáles serán las implicaciones de este exigente recorte en el gasto e inversión públicos.

En primer lugar, se consiguió el principal objetivo, que es rebajar la tensión tanto en los mercados de renta variable como de deuda. El recorte anunciado por el Gobierno permitió que el diferencial de rentabilidad del bono español frente al alemán se redujese casi a la mitad, mientras que el Ibex 35 reaccionó con subidas el mismo día del anuncio del recorte fiscal. La volatilidad de los últimos días se debe a la incertidumbre sobre el impacto de estas medidas y a las dudas sobre si van a ser o no necesarios ajustes adicionales.

En segundo lugar, la caída de los salarios de los funcionarios, la eliminación del "cheque-bebé", la congelación de las pensiones y el resto de medidas, van a tener, junto con el aumento del IVA, un efecto negativo sobre el consumo de las familias españolas, que supondrá una caída de la demanda agregada y, por tanto, del producto. En un momento como el actual, en el que parece que la economía está comenzando a recuperarse (con una tasa de crecimiento del PIB en el primer trimestre del 0,1% respecto al trimestre anterior), el recorte del déficit podría retrasar esta recuperación.

En tercer lugar, y bajo un punto de vista "menos keynesiano" de la economía, hay distintos autores que sostienen que un recorte fiscal podría tener efectos positivos en la inversión privada, en la medida en que pueda aumentar los beneficios esperados de esta inversión.

Un grupo de economistas liderados por Alberto Alesina (profesor de Política Económica en Harvard), en un artículo publicado en la revista American Economic Review en 2002, analizaron los efectos de la política fiscal sobre la inversión empresarial privada.

Los principales resultados obtenidos apuntan a que un 1% de reducción del gasto público (respecto al PIB) puede incrementar la inversión (también respecto al PIB) en un 0,2% el primer año, un 0,5% en los dos primeros años y hasta un 0,8% tras los primeros cinco años.

Rigideces

Además, los resultados muestran que el impacto positivo sobre la inversión es mayor cuando el recorte fiscal se hace vía salarios públicos, en la medida en que los ajustes de los salarios, también en el sector privado, puedan repercutir positivamente en los beneficios de las inversiones y, por tanto, en un aumento de éstas y del empleo.

En este caso la inversión aumentaría en un 0,5, un 1,8 y un 2,8% tras 1, 2 y 5 años, aunque este ajuste necesita de unas condiciones flexibles en el mercado laboral. Sin embargo, en un país con un mercado de trabajo tan rígido como el nuestro es difícil que se produzca este efecto de ajuste de salarios, beneficios, inversión y empleo. Habrá que esperar a la ya anunciada, aunque no concretada, reforma del mercado laboral para observar estos cambios.

Finalmente, hay que valorar también el coste que las anunciadas movilizaciones por parte de sindicatos y empleados públicos, incluida una posible huelga general, puedan tener en la economía española. El Gobierno debe estar preocupado, porque además de los impactos del recorte fiscal sobre la situación económica, habrá que evaluar también su impacto político, ya que no hay que olvidar que la situación de la economía y este tipo de medidas tienen un efecto significativo en el resultado electoral.