Este domingo, 25 de mayo, los españoles elegirán a sus 54 representantes para el Parlamento europeo, que pasarán a contarse entre los 751 miembros de la institución. Estos comicios que se celebrarán en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) ofrecen una buena ocasión para reflexionar sobre el ‘estado de la Unión' y los retos que esta debe afrontar si quiere cumplir su promesa de crear una alianza que no se limite a un mercado común, sino que aspire a ser una unión genuinamente política que promueva y honre los principios de libertad personal y de asociación, democracia, estado de derecho y subsidiariedad.

Para convertirse en una auténtica unión política en la que prevalezcan los principios de autogobierno, la UE necesita desarrollar una forma de ciudadanía europea y de gobierno que (1) dé al pueblo europeo la posibilidad de expresar su voluntad política y desempeñar un papel significativo en la determinación de su futuro colectivo; y (2) proporcione a los europeos razones para sentirse personalmente implicados en el futuro de la Unión y para valorar su papel como ciudadanos de la UE. De otro modo, en lugar de ser una fuerza de progreso social y solidaridad, esta se verá reducida a una burocracia ademocrática y no representativa que gobierna a súbditos no libres.

Hasta ahora, la Unión Europea no ha logrado dotar a sus residentes de una ciudadanía efectiva y significativa. Ha fracasado estrepitosamente en lograr la encarnación del ideal de democracia representativa (representación genuina y responsabilidad ante los ciudadanos) en sus instituciones políticas, que continúan siendo gobernadas principalmente por representantes designados por el gobierno y por comisarios no electos que difícilmente puede decirse que sean responsables en ningún sentido ante los ciudadanos de a pie. El Parlamento europeo, la única institución de la UE elegida por el pueblo, solo posee competencias para aprobar y mejorar leyes propuestas por la Comisión Europea, no para la iniciativa legislativa. Por lo tanto, no tiene la misma eficacia que un parlamento nacional. Además, los delegados de cualquier estado miembro tienen un impacto muy limitado en una asamblea de estas características, especialmente cuando representan los intereses de sus propios países y compatriotas. Por ejemplo, si los 54 representantes de España llegaran a ponerse de acuerdo para unir sus posturas, su voz difícilmente se escucharía en un Parlamento con 751 miembros.

Este objetivo déficit democrático de las instituciones europeas también se confirma en las percepciones de los europeos de la calle, muchos de los cuales no confían en los gobernantes políticos europeos ni valoran su ciudadanía europea como forma de hacerse escuchar. Entre 1979 y 2009, el promedio de participación electoral en la UE bajó de un respetable 62% a un decepcionante 42%. La participación en las elecciones europeas, con unas pocas excepciones, se encuentra a años luz de la participación en las elecciones nacionales. Por ejemplo, el 75% de los españoles acudió a las urnas en las elecciones nacionales de 2008, frente al 45% que lo hizo en las elecciones europeas de 2009.

El nivel de confianza de los ciudadanos hacia la Unión Europea ha caído del 50% en 2004 al 31% en 2013, de acuerdo con el Eurobarómetro publicado en primavera de 2013. Según la misma encuesta, el 28% de los europeos cree que su opinión cuenta en la UE, en comparación con el 67% que piensa lo contrario. Por último, solo cuatro de cada diez ciudadanos declaraban entonces que su imagen de la UE era "positiva", mientras que la percepción de tres de cada diez era "neutral" y la de tres de cada diez, "negativa".

Todas estas tendencias hacia la apatía y el desapego realmente preocupan porque un régimen político sin una masa crítica de ciudadanos activos e informados no puede sostener honestamente que habla en nombre de su gente. Una población profundamente alienada de la política engendra disidentes al margen del sistema político o sujetos pasivos que obedecen las normas para evitar la cárcel. Un sistema político no representativo con frecuencia se percibe como ilegítimo y puede proporcionar una base ideológica para formas extra-políticas -e incluso revolucionarias- de resistencia, como muestran las experiencias de Palestina, el País Vasco e Irlanda del Norte.  No justifico la resistencia armada de los regímenes no democráticos. Lo que pretendo señalar es que los actuales niveles de desafecto de los ciudadanos por la UE no solo constituyen un mal presagio para la práctica del autogobierno, sino que incluso podrían amenazar seriamente la estabilidad social y el orden público. 

¿Cómo puede la UE afrentar el problema de la apatía hacia la política y el déficit democrático que plaga sus instituciones? Hay algunas estrategias que podría considerar: primero, promover exhaustivas campañas de educación para informar y motivar a los europeos acerca del valor de la ciudadanía europea y el compromiso ciudadano. Pero las que se han hecho hasta ahora no han frenado la ola de desafecto a la política. Segundo, se podrían llevar a cabo reformas profundas y duraderas de las instituciones políticas con el fin de que otorguen a los ciudadanos una mayor influencia en el futuro político de Europa. Sin embargo, con la gran magnitud y la diversidad cultural y lingüística de la población de Europa, dar a los ciudadanos la palabra sobre sus procesos de decisión parece poco realista.

Por último, la UE podría renunciar a su ambición de convertirse en una unión política en toda regla e involucionar a algo más parecido a un tratado económico que a una entidad política, delegando el grueso de sus poderes políticos a los gobiernos nacionales y regionales para que puedan fomentar el tipo de ciudadanía y autogobierno que les parezca más adecuados, en los ámbitos nacional y regional. Pero esto significaría abandonar las aspiraciones integradoras del proyecto europeo tal y como lo conocemos y requeriría que los actores políticos renunciasen a una gran parte de su poder político, lo que solo ocurriría en las situaciones más desesperadas.

Por el momento, parece que debemos dejar que el proyecto europeo siga su curso hasta que las tasas de desafecto interno alcancen niveles tan insostenibles que la élite política de Europa se vea obligada a adoptar un estilo más autocrático de gobierno (que solo conseguiría impulsar y unificar a los eurodisidentes), descentralizar los poderes que actualmente concentra Bruselas o hacer frente a la posibilidad del colapso político.