Uno de los grandes problemas para muchas pymes y autónomos es la morosidad de las administraciones públicas. Si bien la Ley marca para 2012 que el plazo máximo para el pago de provisiones de bienes y servicios es de 40 días, la media real es de unos 150 días (frente a una media europea de unos 70 días). Esto hace que el proveedor, que ha adelantado el material y, obviamente, cuenta con el pago para costear su actividad posterior, se encuentre sin recursos para hacerlo. Según algunos datos, esta morosidad es responsable de la desaparición de unas 225.000 empresas, puesto que el sector público en nuestro país ocupa buena parte de la actividad comercial.

El anuncio de que el Estado va a respaldar una posibilidad de anticipo de esas facturas, realizado por un consorcio de entidades de crédito con posible participación del ICO, supone por ello una buena noticia. Se trata, simplemente, de pagar lo que se debe y a su vencimiento, de inyectar esa liquidez en las empresas que han trabajado para las administraciones públicas. Según se adelanta, el Estado respaldará esos anticipos y, por supuesto, quien pague finalmente las facturas será la Administración Pública que contrató el servicio. No cabe duda de que pagar las deudas propias es lo primero que debe hacer un país que se considera solvente, y que la reactivación de la economía real precisa de estos incentivos. Si el proveedor cobra a tiempo podrá mantener los empleos y su actividad, adquirir nuevos materiales, contratar nuevos servicios con la confianza de que serán satisfechos, etc. Es de esperar que todos estos beneficios superen con creces la nueva carga financiera que para el Estado central pueda suponer este respaldo de los anticipos y, en cualquier caso, el poder público es el primero que debe dar ejemplo de que paga lo que debe.