La factura de las numerosas reformas del mercado laboral aplicadas en España está resultando indeciblemente más gravosa que pagar la factura de la luz. Y es que da vértigo calibrar el coste que supone, para las perspectivas de un país, sufrir las consecuencias en forma de un desempleo tan desmesurado como el de España, con tasas de paro juvenil del 30% en diciembre de 2021 (o del 40% en diciembre de 2020).

En las siguientes líneas señalaré dos factores que, a mi juicio, son claves para entender la anómala y grave situación por la que atraviesa nuestro mercado de trabajo, y su relación con las reformas laborales en su conjunto. Es significativo que, desde que se fijara el marco de la negociación colectiva y las relaciones laborales – con el Estatuto de los trabajadores de 1980 –, se hayan acometido ocho reformas más en nuestro país. La secuencia de modificaciones que han seguido a la mencionada norma (en 1984, 1992, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010, 2012 y 2022) da idea de la disparatada actitud de nuestros gobernantes, que han introducido reformas aproximadamente cada 4 años, periodo que suele durar una legislatura. Quiero centrarme en dos consideraciones importantes, dejando a otros analistas el estudio de las implicaciones concretas que puedan suponer los cambios de una nueva reforma, con sus habituales cláusulas, casuísticas y múltiples excepciones.

El paro estructural y persistente que padece España desde hace décadas es resultado de un cúmulo de variables que no son fáciles de desentrañar, y menos aún en unas breves líneas. Sin dejar de dar importancia a otros factores que suelen mencionarse, quisiera destacar dos calamitosos hechos que inciden muy negativamente: primero, la disociación entre la búsqueda del interés general y los intereses particulares de quienes toman las decisiones políticas; segundo, la asimetría en cuanto a los efectos de esas políticas en los ciudadanos, por una parte, y por otra en quienes – habiéndolas propiciado – tratan de eludir la asunción de responsabilidades.

El primer problema es de sobra conocido, y representa una de las principales críticas de la política discrecional. El público desconfía de los responsables públicos porque sus intereses contrastan con demasiada frecuencia de las prioridades de la ciudadanía. Esa discrepancia de objetivos se hace más grave y evidente en democracias de mandatos cortos, como ya denunciara el premio Nobel de Economía James Buchanan. De acuerdo con la “Teoría de la elección pública”, los políticos suelen caer en la tentación de adoptar medidas populares (a menudo cortoplacistas), ventajosas de cara a su posible reelección, mientras que postergan sistemáticamente otras políticas que – siendo necesarias y preferibles a largo plazo – resultan impopulares.

El segundo aspecto es quizá más sutil, y por tanto menos fácil de apreciar. Ante el eventual riesgo de una decisión equivocada y de sus consecuencias, nuestras sociedades suelen responder con soluciones únicas (“café para todos”) o con una intrincada amalgama regulaciones, lo cual degenera en una hipertrofia normativa poco ponderada. (Piénsese, por ejemplo, en las demandas contra los médicos y en la generalización de consentimiento firmado para eximir de responsabilidad ante cualquier intervención). Admitiendo la dificultad de tomar decisiones en un entorno incierto, es una cuestión prudencial sopesar los costes para no exagerarlos, evitando que el perjuicio individual derivado de un error no incline totalmente la balanza en favor de la cobertura de todo riesgo, pues esa postura no es sostenible ni a corto, ni mucho menos a largo plazo.

A estas alturas, algunos lectores nos habrán abandonado, y otros estarán quizá desorientados sobre la relación que guardan estas reflexiones con las reformas laborales. Pues bien, esa es precisamente la cuestión: más allá de los aciertos o desaciertos de la última reforma, y habida cuenta de los vaivenes políticos que alteran continuamente las reglas del juego, se ha desembocado en la fatal situación de “no saber a qué atenerse”. La gravedad del problema consiste, a mi entender, en haber tolerado que se pueda implantar una reforma tras otra (ya sea en el ámbito educativo o del mercado laboral), sin dar tiempo a que maduren los pretendidos resultados. En cuanto una reforma ha sido recién aprobada, no sabemos cuan pronto será reprobada. Y esa incertidumbre derivada de un entorno imprevisible convierte la toma de decisiones de un reto en una suerte de “veto” a la iniciativa y emprendimiento, y por tanto a la creación de empleo.

En suma, en atención a la verdad, y sin ánimo de atenuar el optimismo que debe presidir nuestros esfuerzos, no se puede negar que en nuestros días han proliferado continuas reformas que, cuando no son innecesarias, resultan “mejoras a peor”. Por supuesto, es admisible equivocarse (“errare humanum est”, como sentenciaba el adagio latino), e incluso puede ser saludable en la medida en que se sepa rectificar; pero más sabio es apreciar lo que funcionó en el pasado, concretamente en el ámbito del mercado y la política económica.

Pues bien, en lo que toca al mercado de trabajo, ¿qué debería hacerse para combatir el paro estructural y persistente, que cercena las perspectivas de nuestros jóvenes y su proyección laboral? Buena parte de los perjuicios descritos podrían subsanarse si existieran voluntad de alcanzar consensos en cuestiones esenciales – la creación de empleo lo es – y de darles continuidad. Pero si la integridad de nuestros gobernantes no estuviese a la altura, convendría desposeerles de áreas de decisión en cuestiones clave, para que su cortoplacismo no arruine la educación o el empleo. (O podría estipularse que no se pudieran acometer reformas estructurales en ámbitos relevantes sin respetar ciertos plazos. Este sería el punto de partida para intentar cambiar la deriva de un mercado de trabajo con pobres oportunidades para todos y más aún para el talento joven, que o bien se frustra y malogra o bien emigra. Por supuesto, revertir esta situación permitiría optimizar las prestaciones por desempleo, pues no hay mejor seguro que disfrutar de un buen puesto de trabajo.

En definitiva, deberíamos exigir a los responsables públicos que favorezcan el empleo, aplicando medidas con independencia de que sean impopulares. Pero si se sigue constatando que son incapaces de anteponer el bien común a los intereses de partido, se haría improrrogable modificar el status quo, despojándoles de la discrecionalidad que tienen en esas materias. Con una medida tajante de este tipo, se contribuiría a evitar que la normativización cambiante y el entorno incierto degenerase en una paralización del tejido empresarial, lastrado por una innecesaria maroma de requerimientos burocráticos.