El Estado de bienestar es un invento europeo y Europa se siente orgullosa de ello. Se trata de un modelo general de organización social, según el cual los poderes públicos procuran determinados servicios a los habitantes de un país, tales como educación, sanidad, pensiones o subsidios contra el paro. Todo ello, junto con la sobredimensión del sector público, contrasta con el austero sistema existente en Estados Unidos, y ya no digamos con la inexistencia de sistema en la República Popular China.

Dos amenazas se ciernen sobre la continuidad del modelo social europeo. La primera son determinadas carencias estructurales y la segunda es la enorme deuda de los estados por el aumento del gasto y la caída de los ingresos fiscales por la crisis económica. Las carencias estructurales de Europa son tres: 1) una tasa media de crecimiento inferior a la de sus principales rivales económicos, debida en gran manera a diferencias de productividad, 2) niveles de empleo más bajos que en otras partes del mundo y menos horas trabajadas, 3) envejecimiento de la población.

Las tendencias demográficas son particularmente alarmantes en este sentido. La población europea hoy representa cerca del 11 por ciento mundial, pero en el año 2050 será solamente el 5 por ciento. A todo ello se puede añadir además una falta de ímpetu moral por parte de los europeos, que les ha conducido a pedir mucho al Estado y a confiar menos en sus propios medios.

La sostenibilidad del modelo depende de su reconducción a través de reformas estructurales. Hay que profundizar sobre las necesidades comunes, fijar prioridades, ver cómo se pagan los servicios, decidir cuáles serán públicos y cuáles privados. La recientemente aprobada Agenda 2020 de la Unión Europea pretende hacer frente a las carencias estructurales antes descritas y, al mismo tiempo, salvaguardar lo esencial del modelo. Las reformas propuestas deberán ser adoptadas por cada uno de los estados miembros de la Unión Europea.

En el caso de España, la necesidad de proceder a reformas estructurales, tanto para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre nuestro modelo social como para hacer frente a la crisis económica, es imperiosa. Fijémonos, por ejemplo, en pensiones y sanidad.

Es bien sabido que el sistema de pensiones públicas de reparto español es insostenible a largo plazo, como consecuencia de la evolución demográfica. Ofrece unas prestaciones que, para ser sostenibles en el tiempo, requerirían una pirámide de población de base ancha y cúspide estrecha, justo lo contrario de lo que prevé la demografía. La sanidad, por su parte, no puede continuar asumiendo un consumo sanitario muy superior a la media mundial y un déficit sanitario acumulado que ya supera el 20 por ciento del presupuesto y que puede alcanzar los 50.000 millones de euros en diez años. El problema demográfico es ahí también clave, ya que el 70 por ciento de las recetas se concentran en un 20 por ciento de la población que está exenta de pago (pensionistas).

Si queremos garantizar la continuidad de nuestro modelo social, es preciso adoptar reformas estructurales profundas y con carácter de urgencia. Si España no lo hace, la UE se lo acabará exigiendo, en virtud de los nuevos acuerdos en materia de gobernanza económica europea recientemente alcanzados.