Recuerden por un momento como eran ustedes, y sobre todo como era su entorno, en 1997. Circulaba la peseta (estaba muy en cuestión si podríamos entrar en el Euro), no teníamos teléfonos inteligentes, Google no existía y quien tenía la suerte de tener acceso a Internet se desesperaba con la lentitud de la red.

En ese año el Gobierno de España, presidido por José María Aznar, decidió culminar la privatización que había comenzado el gobierno socialista en 1995 vendiendo el 21% que el Estado mantenía de Telefónica, empresa que había disfrutado, hasta un año antes, del monopolio de las telecomunicaciones en España.

Monopolio y empresa pública suelen equivaler a muy mal servicio para el cliente y a empresa mal gestionada, y esta vez no iba a ser distinto. Los más mayores recordamos cuando la empresa tardaba más de dos meses en instalarte una línea en tu casa o negocio ¡para ser cliente! Como recordatorio a nostálgicos: los monopolios son letales para los consumidores y si son públicos, peor.

La evolución de Telefónica en estos años ha tenido que ver con la aparición de competidores en España, su mercado original (Airtel/Vodafone, Orange, etc), con los sucesivos y vertiginosos cambios de entorno que le han llevado a cambiar su modelo de negocio (de ‘poner líneas’ a productor audiovisual, de cobrar por los SMS a ofrecer datos ilimitados..) o con su espectacular expansión internacional por la que España supone solo un 27% de sus ingresos. Telefónica es ahora una empresa indiscutiblemente mejor.

En este contexto hemos conocido la decisión del Gobierno de que el Estado compra un 10% de las acciones de la compañía con la justificación de que es una empresa “estratégica”. Es evidente, porque así se ha filtrado, que es una respuesta al anuncio de la empresa Saudí STC de hacerse con el 10% de la compañía, porcentaje que finalmente se quedó en el 4,99%. El adjetivo que le viene a la mente a uno después de analizar una y otra vez la operación es el mismo: inquietante.

Inquietante, primero, por la justificación de la operación. El ya citado carácter “estratégico” de la empresa que justifica u obliga al Estado a tomar esa participación. ¿Qué quiere decir estratégico? ¿Qué empresas y sectores lo son? ¿Es una barra libre para que el Gobierno (usando nuestro dinero) se siente en el Consejo de Administración de las empresas que quiera?

Inquietante, también, por la defensa de la competencia. No nos cansaremos de decir que la competencia es lo mejor que le puede pasar a los consumidores. Ahora, en uno de los mercados más importantes para la economía y con menos oferentes, vamos a tener a uno de ellos (el de mayor cuota en España) cuyo mayor accionista va a ser el Estado. Su motivación no va a ser la de que la compañía sea cada vez más eficiente, rentable y competitiva, lo que beneficia a todos. Evidentemente, sus motivaciones serán otras y competirá con otras armas. Malo para el consumidor.

Inquietante también en cuanto a las empresas con las que compite. ¿Van a competir Vodafone y Orange en igualdad de condiciones? Parece que no. ¿Tendrán el mismo acceso a financiación en los mercados internacionales una empresa cuyo accionista principal es el Estado, y otras son al 100% privadas? Sabemos que no.

Inquietante, especialmente, porque abre un camino muy peligroso en un Gobierno en el que hay una parte que tiene un afán intervencionista y nacionalizador nada disimulado. La propia vicepresidenta segunda ha celebrado la operación como “el comienzo” de la recuperación de las empresas públicas. Este paso hacia la “nacionalización” de empresas “estratégicas” (que alguien defina este elástico término) es un paso hacia algo ya conocido. Mala gestión, peor servicio y competencia desleal. Esto ya lo hemos probado y sabemos cómo funciona.

El papel del estado debe ser el de favorecer la competencia y siempre velar por el consumidor. No jugar al monopoly con nuestro dinero.