Privatización es, desde hace unos meses y para algunos, una de las supuestas ‘amenazas' que penden sobre el sistema español de cajas de ahorros. Para otros, es la inevitable solución. Ya es un hecho que, tras el paso intermedio de las fusiones virtuales a través de los SIP, el sector de las cajas va a proceder a su transformación en bancos, entre otras razones porque es requisito, en muchos casos, para acceder a las ayudas del Frob.

¿Es privatización la transformación de las cajas en bancos? No lo creo. Se trata, en todo caso, de una modificación de la forma jurídica de estas entidades de crédito, con vistas a adaptarlas lo más posible a las estructuras jurídicas típicas del mercado: las sociedades de capital. Serán privadas, o no, en función de quién o quiénes resulten ser finalmente los propietarios de los títulos en los que esté representado su capital social.

Lo previsible, si las cosas siguen por donde apuntan, es que ese propietario no sea otro que el Estado -vía Frob-, al menos en la mayoría de los casos. Lo cual, en definitiva, no es sino un proceso de ‘nacionalización' de las cajas o, si se prefiere, de ‘publificación', desde la perspectiva del control y propiedad de las entidades. O desde un punto de vista económico, de 'socialización' de pérdidas.

Resurgir de la banca pública

En este contexto, es razonable pensar que en el curso de los próximos años seremos testigos del resurgir de la ya conocida como ‘banca pública'. En 1991, la entonces así llamada se transformó en banca pública de mercado, con el nacimiento de Argentaria. Semejante puede ser el resultado de este proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, más allá de las diferencias sustanciales -que ciertamente existen- en cuanto a su origen y número de entidades, entre otras.

Entre tanto, habrá que encontrar el mecanismo más eficaz para proceder al necesario saneamiento de una parte relevante de las cajas españolas, como señalan los expertos. Aunque el mecanismo jurídico diseñado para esta operación no se conoce al detalle, de facto y teniendo en cuenta el papel que ya asumido el Frob, éste operará alternativamente a la intervención administrativa prevista en la LDIEC y que se usó en su día con Banesto y, recientemente, con Caja Castilla-La Mancha y CajaSur. Tampoco parece lejano el día en que los préstamos ya concedidos por el Frob al 7,75%, al no poder ser devueltos, acaben convertidos en participación accionarial estatal. Sólo después llegará, entonces sí, la verdadera privatización, cuando el Estado enajene dicha participación, o bien cuando, vía ampliación de capital, se dé entrada a inversores privados.

¿Será entonces la hora de la privatización de la que ahora se habla? Dependerá -una vez más- del porcentaje de capital privado que entre en juego y de cuál sea su influencia efectiva en el control de las entidades que entonces sobrevivan, transformadas en sociedades de capital.

Alguno se preguntará qué quedará de los órganos rectores de las cajas de ahorros, de las personas que los ocupan y de las competencias autonómicas que las ordenan. Imagino que poco. Desde luego, no se parecerá mucho a lo que hasta ahora hemos conocido.

Ojalá que esta inevitable reestructuración se pueda llevar a cabo con la mayor profesionalidad, imparcialidad y eficacia. Ojalá el supervisor sea capaz de separar el grano de la paja y aprovechar el capital humano de gran valía acumulado en muchas de estas entidades y que ahora ven el futuro con razonable inquietud. Y ojalá que el sector, una vez saneado, pueda seguir prestando su servicio a la sociedad en el ejercicio de la tarea que le es propia: dar confianza a sus depositantes y crédito a los particulares y a las pequeñas y medianas empresas.

El asunto de la obra social merecería comentario aparte. Lamentablemente, y a pesar de ser ‘el alma' de las cajas de ahorros, no constituye una prioridad en la agenda de la reforma y reestructuración del sector.