La comparativa de la nueva carga fiscal temporal del IRPF con la de otros países que hace el Instituto Juan de Mariana, pone además de manifiesto una clave para valorar si, cuento menos, sirve para cumplir con su objetivo principal de recaudar más para reducir el déficit público.

Y es que al poner a los españoles al nivel de Suecia en tipos, y sin sus servicios –como expresa el estudio-, además de la posible "injusticia" que pueda suponer, nos traslada al problema cultural de "tolerancia al fraude" que existe en España. Lo que puede dar lugar, aunque no sabría predecir en qué medida, a "expulsar" rentas a la economías sumergida.

Pero también, quizás sobre todo, a la lícita planificación fiscal –consistente en no realizar el hecho imponible o hacerlo, legalmente, como y cuando convenga-. No descuidemos que se incrementa la brecha fiscal entre sociedades –desde el 20%- y personas físicas –hasta el 56%-, o que las rentas del ahorro pueden deslocalizarse territorialmente –algunas, como se apunta en el documento publicado- o diferirse temporalmente –desde el día siguiente a la subida se anuncian productos financieros que ofrecen pagar los rendimientos el 1 de enero de 2014 para evitar los recargos-.

Con todo, además de plantear dudas de "justicia",  puede plantearlas respecto de su capacidad recaudatoria adicional. Incluso de que consiga el efecto contrario, por lo expuesto y por la merma de la renta disponible que pueda afectar a la recaudación por impuestos indirectos.

Más bien parece una fórmula de cálculo para la configuración del presupuesto donde, "sobre el papel", encajen las cuentas previsionales, y luego ya se verá que pasa con su ejecución…