A finales de marzo el Senado votará la proposición de ley orgánica sobre la eutanasia. Ha habido poco debate sobre esta ley. Se ha asumido demasiado rápidamente que hay una gran demanda social que la respalda, sin poner en claro la naturaleza exacta de esa demanda. En uno de los pocos países que han legislado al respecto, los tiempos han sido mucho más pausados, la ciudadanía ha tenido más oportunidades de entender lo que se planteaba e incluso se ha convocado referéndum.

El texto de la ley se presta a muchos comentarios. En la exposición de motivos, el Preámbulo dice “legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico”.

Así pues, el legislador quiere respetar la autonomía y la voluntad del que padece un “sufrimiento insoportable”, no susceptible de alivio “en condiciones que considere aceptables”. Por su propia naturaleza, estas formulaciones abren un amplio espacio a la interpretación. La ley trata de limitar este espacio introduciendo el requisito de “petición informada, expresa y reiterada en el tiempo” por parte del paciente, y regulando detalladamente el procedimiento. Entre tanto, sin embargo, se asume que los profesionales sanitarios, salvo que, amparándose en la objeción de conciencia, declaren expresamente lo contrario, deberán ponerse al servicio de esa voluntad ajena. Ciertamente, la ley contempla la objeción de conciencia para preservar la autonomía y la voluntad de los profesionales sanitarios, pero solo en términos de excepción. Es decir: lo que se presenta como fundamento de la ley para unos, se presenta como excepcional para otros.

En todo caso, la reflexión que quiero proponer aquí se refiere al tipo de sociedad que construimos con leyes como esta, algo que no interpela solamente a los profesionales sanitarios, sino a todo ciudadano.  Ya he mencionado que, aunque la ley se presente a sí misma como respuesta a una demanda social, no está clara la naturaleza de esa demanda. Lo único claro es que ninguna ley es solo ni principalmente un reflejo de hechos o demandas sociales, pues toda ley prescribe conductas, y por ello configura la sociedad a su medida.  Por eso no carece de sentido preguntarse qué clase de sociedad estamos proyectando.

Algunos han presentado la ley como un progreso en derechos y libertades individuales. Quienes argumentan así adoptan la peor versión del individualismo liberal: la que contribuye a erosionar el vínculo social. Si no viviéramos tiempos de pensamiento débil sorprendería que la propuesta de ley haya nacido de partidos de izquierdas.  Por otra parte, el Preámbulo da a entender que la demanda social obedece a la “secularización de la sociedad”, como si el valor de la vida fuera únicamente un privilegio de las personas religiosas, y al disminuir la práctica religiosa disminuyera proporcionalmente el amor a la vida. Es evidente que no es así: si la vida puede ser un valor religioso es porque previamente es un valor profundamente humano.

De hecho, la propia ley no pretende cuestionar el valor de la vida como tal, sino la vida en determinadas condiciones. Concretamente habla de “sufrimiento insoportable”. ¿Qué hemos de entender por ello? ¿Sufrimiento sin alivio médico posible? Esto significaría cuestionar el trabajo de los profesionales de cuidados paliativos. Sin embargo, en su literalidad la ley no pretende tampoco decir esto. ¿De qué estamos hablando entonces, cuando hablamos de un “sufrimiento insoportable”? ¿Desesperación ante la imposibilidad de llevar una vida autónoma? Todos, con la edad, iremos perdiendo facultades, y ciertamente esto puede ser causa de sufrimiento. Pero cuando en una situación así alguien manifiesta deseos de morir no podemos suponer que sus expresiones tienen el sentido que acaso se les atribuyó en momentos de lucidez.  Con frecuencia solo está pidiendo ayuda. Muchas veces simplemente precisa cercanía, apoyo, confirmación externa de que su vida sigue siendo valiosa.

Cuando el vínculo social es fuerte, y la persona se sabe reconocida, apreciada, querida, aquellas expresiones se ponen en su lugar justo. Desde esta perspectiva, la supuesta demanda social de la eutanasia no significaría más que nuestro fracaso como sociedad: la prueba escrita de que somos incapaces de ofrecer una perspectiva de sentido a la vida de personas ancianas, improductivas o dependientes, sencillamente porque, a diferencia de otras sociedades, que atendían a sus mayores y a sus enfermos con veneración y cuidado, hemos llegado a convertir la juventud, la productividad y la independencia en los únicos factores que hacen deseable la vida. Si la única respuesta que podemos ofrecer a una persona que dice “mi vida carece de sentido” consiste en proporcionarle los medios para acabar con ella, más que presumir de respetar la autonomía individual, deberíamos presumir de cinismo.