El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente la propuesta de la European Media Freedom Act (EMFA), una ley que pretende armonizar la regulación europea sobre libertad, pluralismo e independencia editorial en los medios, en el contexto de la transformación digital que experimenta el sector en las últimas décadas.

La propuesta fue adoptada por una mayoría amplia (448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones). La norma fue anunciada en abril de 2021 por el comisario Thierry Breton. Se sitúa en un marco que aspira a hacer sostenibles las empresas de comunicación, a la vez que promueve la participación democrática, la lucha contra la desinformación y el desarrollo de medios libres e independientes.

A la UE le inquieta la desconfianza que puede suscitar la politización en los medios y la falta de transparencia en cuanto a su propiedad y en la asignación de publicidad estatal. Por eso se propone combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de medios de comunicación públicos y privados, proteger a los periodistas y a sus fuentes, y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

Los medios se encuentran en un punto de inflexión, una verdadera encrucijada. ¿Cómo pueden cumplir sus fines y, al mismo tiempo, ser viables? Según el Digital News Report, los europeos del norte confían más en que los medios están libres de una influencia política indebida en comparación con sus vecinos del sur y el este. Finlandia (50 %) y Holanda (46 %) tienen la mayor proporción de personas que consideran los medios independientes políticamente. Solo una exigua minoría de personas en Grecia (7 %), España e Italia (13 %), y Hungría y Bulgaria (15 %) comparten esa opinión.

El Eurobarómetro de la Comisión (julio de 2022) mostraba la televisión como primera fuente de noticias para los ciudadanos de la UE (75 %), en especial para las generaciones mayores. A continuación, se situaban las plataformas de noticias en línea (43 %), la radio (39 %), las redes sociales y blogs (26 %) y, por último, la prensa (21 %).

Aunque las fuentes tradicionales son aún relevantes, el 88 % de los encuestados recibe noticias a través de teléfonos inteligentes y ordenadores personales o portátiles. Pagar por las noticias es hoy más bien la excepción: el 70 % de quienes acceden a noticias en línea acuden a contenidos gratuitos.

El European Media Industry Outlook de la Comisión (mayo de 2023) hace notar que los modelos de negocio en línea han acostumbrado a los consumidores a no pagar por las noticias. Como resultado, las empresas de comunicación siguen experimentando e innovando, apoyándose en fortalezas como la solidez de las marcas y la confianza de sus públicos.

Los estados miembros deben respetar la libertad editorial de las empresas de comunicación. Por su parte, las empresas deben asegurar la transparencia de su propiedad y reflejarla en sus sitios web u otros lugares fácilmente accesibles.

La propuesta protege a medios, periodistas y familias del uso de programas de software espía, con una lista reducida de excepciones. Los periodistas no pueden ser perseguidos por proteger la confidencialidad de sus fuentes: la propuesta aborda la protección de fuentes periodísticas porque actualmente la regulación difiere según los países.

La EMFA refuerza la protección de los medios de comunicación de titularidad pública por su papel relevante a la hora de informar, pero establece controles porque les considera más expuestos a las interferencias políticas por su proximidad institucional a los estados. El nombramiento de los directores generales debe hacerse con transparencia, y su cese solo es posible en circunstancias especiales.

Los estados miembros deben establecer pautas para valorar los niveles de concentración empresarial que pueden afectar al pluralismo.

Otro aspecto clave es el reparto de inversiones publicitarias del Estado en los medios, una fuente relevante de ingresos. Las autoridades públicas de todos los niveles (estatal, regional y local) deben publicar anualmente su inversión publicitaria en los medios. Los proveedores de datos de medición de audiencias, por su parte, deben aportar a medios y anunciantes información detallada sobre la metodología que usan.

La EMFA recuerda a grandes plataformas como Google, Meta, Amazon o Apple que hoy influyen significativamente en el conjunto del sector. Las plataformas en línea con más de 45 millones de usuarios (referencia casi explícita a las “Big Four”) que quieran dejar de difundir contenidos de los medios deben informar a las empresas de comunicación con anterioridad y considerar prioritaria la respuesta a sus quejas.

Se establece que deben informar anualmente del cumplimiento de esa obligación. Por último, los consumidores tienen derecho a personalizar su acceso a contenidos de servicios audiovisuales como la televisión conectada.

La EMFA, con sus limitaciones, puede ser una ayuda para crear un clima de confianza donde el periodismo sea más viable, favoreciendo un entorno de sana competencia y limitando los abusos de los gobiernos de los estados miembros o las grandes plataformas tecnológicas.

Sin embargo, el marco legal es necesario, pero no suficiente. Las empresas de comunicación necesitan seguir innovando con la creatividad que les permita ser relevantes para públicos más escépticos, que ya no consumen noticias como en generaciones anteriores.

Hoy sabemos que solo el esfuerzo por recuperar la confianza y la lealtad de las audiencias permitirá que aumenten los públicos que con sus pagos y suscripciones asumen la necesidad cívica de sostener los medios de comunicación, un punto en que, después de algunas vacilaciones, comienza a asomar el consenso entre las empresas que difunden noticias.