Con la borrachera electoral ya convertida en resaca, nos llega el momento de pensar en lo que sigue. Y lo que sigue, tanto a nivel local como regional, es tiempo de dificultades económicas, ingresos inciertos, contracciones del gasto y déficits por controlar. La España de las regiones trae consigo posibilidades y beneficios, pero también exige compromiso y responsabilidad de nuestros políticos y administradores subnacionales.

Ayuntamientos y comunidades han instrumentalizado una parte sustancial del gasto público que se impulsó como motor para salir de la crisis. La lógica sugería que, mejores conocedores de las necesidades reales de los ciudadanos, podrían seleccionar proyectos cuya realización, además de aumentar la demanda agregada, tuvieran potencial productivo a más largo plazo. Si el supuesto se cumplió o no daría para mucha discusión, pero lo que no admite réplica es que los tiempos de aumento de la demanda pública han quedado atrás. Perseguidas por caídas notables de ingresos y con partidas de gasto abultadas, las dificultades económicas se han asentado en muchas comunidades y ayuntamientos. Con las elecciones resueltas, es de esperar que se tomen muchas decisiones dolorosas.

No se trata en este caso de contener el consumo público para evitar sobrecalentar la economía (nadie duda que no es el momento), sino de mantener a raya niveles de déficit que amenazan la estabilidad a corto plazo. Algunas voces, pocas afortunadamente, han reclamado el papel estabilizador de nuestros entes subnacionales, aunque hace ya décadas que la teoría del sector público y el federalismo fiscal lo identificaron como un problema que, por su naturaleza, no encaja bien con el ámbito local. Por supuesto, los municipios vienen en todos los tamaños, y no es lo mismo regir el ayuntamiento más pequeño de España que una de nuestras grandes ciudades. Las comunidades tienen algo más de capacidad de incidir en estos problemas, aunque aún de manera limitada.

No se trata, por tanto, de política macroeconómica activa, sino de  control presupuestario.2010 terminó con cantidades record de deuda, aunque la deuda autonómica (tanto en cantidades absolutas como expresada en ratio sobre el PIB) presenta caras distintas según en qué parte de España nos fijemos, y las diferencias son bastante notables. Sin entrar en detalles, sólo señalaría que quizá más de uno se sorprenda del ranking.

Los mercados no son ciegos a la situación que viven las comunidades autónomas, y el ejercicio de control presupuestario que requiere nuestra economía ha de ser compartido por todos los niveles de gobierno. El reparto del esfuerzo hasta ahora ha recaído más severamente en la administración central, dando mayor margen a las comunidades autónomas. Ha aumentado la transparencia, lo que es bueno para el sistema, incluso si las empresas públicas siguen siendo en cierto modo un punto ciego. Pero más allá de la información, es imperativo que los compromisos de las regiones se cumplan.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera no dio de paso los planes de equilibrio de varias autonomías a finales de abril, y una de ellas ha repetido que no tiene intención de cumplir el objetivo, que califica de destructor. Las dificultades económicas de las comunidades y los entes locales han levantado voces intranquilas, especialmente entre aquellos que temen que los posibles cambios políticos de estas elecciones traigan sorpresas de facturas "escondidas en los cajones". Aunque la vicepresidenta Salgado ha asegurado que no se esperan afloramientos de déficit oculto, el que ya existe es preocupante. Las deudas que las autoridades locales y regionales mantienen con sus proveedores son sustanciales, y especialmente dañinas para las pequeñas y medianas empresas. La reciente medida que permitirá a las PYMES compensar impuestos estatales por las deudas de la administración central no se hace extensiva a las deudas subnacionales, y es en todo caso un triste consuelo para aquellos que se ven necesitados de liquidez para financiar la normal operación de sus negocios.

Por responsabilidad y credibilidad, llega el momento de plantearse elecciones. No políticas, sino económicas, y aquí es conveniente escoger con tino. A nadie se escapa que, como economías muy abiertas, unas comunidades pueden beneficiarse del esfuerzo de otras, y que allá donde se incumplan compromisos regionales, el estado puede (aunque quizá no deba) compensar de cara al objetivo global. Esperemos que las elecciones, esta vez no las políticas sino las otras, sean acertadas.