Con la reforma del sistema de pensiones, el Gobierno persigue dos objetivos muy relacionados. En primer lugar, con carácter inmediato, intenta lanzar un mensaje de firmeza que fortalezca la credibilidad internacional de nuestra política económica, para abaratar el acceso a la financiación que seguimos precisando. En segundo lugar, a más largo plazo, busca afianzar la viabilidad financiera de las pensiones en su actual modelo de reparto. Si los mercados interpretan que las medidas implementadas logran este segundo objetivo, de manera automática debería darse el primero. Luego, la pregunta clave es si gracias a esta reforma tenemos un sistema de pensiones más sólido.

Como los lectores sabrán tras meses de debate, el sistema español sigue un esquema de reparto, donde las cotizaciones de los actuales trabajadores cubren las pensiones que perciben los jubilados. El problema que afrontamos a medio plazo es demográfico. La caída de la natalidad y la creciente esperanza de vida volcarán la pirámide poblacional, con un porcentaje cada vez mayor de españoles de más de 65 años. Habrá así menos cotizantes por pensionista, complicando la financiación del sistema.

Las medidas anunciadas relajan esa tensión entre gastos e ingresos. Una prolongación de la vida laboral incrementa los años cotizados por cada persona y reduce el periodo en que cobra la pensión. Retrasar la edad de jubilación supone, además, que en cada ejercicio habrá más cotizantes y menos beneficiarios potenciales. Por otra parte, ampliar el periodo de cómputo  los años de cotización exigidos para acceder  la pensión máxima permite un mayor juste entre lo cotizado y lo percibido por cada trabajador.

Estas medidas son un tímido avance en la dirección correcta, pero de poco servirán si no se acometen con auténtica voluntad de cambio otras reformas -como la laboral o la de la educación- que permitan a nuestra economía crecer y crear empleo productivo. El verdadero problema es el despilfarro insoportable que se hace del factor trabajo y del capital humano, en especial del de los jóvenes. Porque todo sistema de pensiones es más difícil de sostener con tasas de paro elevadas, tasas de actividad bajas -como entre las mujeres obligadas a elegir entre trabajo y vida familiar-, y paupérrimos resultados de la productividad del trabajo. Que 2010 fuera el primer año en que las cotizaciones de empresas y trabajadores no cubren el gasto en pensiones contributivas es una clara señal de alarma, que debería sacar a nuestra política económica de su peligrosa complacencia en materia de reformas.