Según la proposición de ley presentada por EH Bildu y Podemos, Navarra podría eliminar las cesantías para los actuales altos cargos del Gobierno, a la vez que ampliaría el plazo en que se les prohíbe desempeñar trabajos relacionados con su actividad política previa. En mi opinión, es una propuesta desacertada, fundamentalmente porque plantea una visión limitada de un tema que debe afrontarse desde varias perspectivas. Sin duda, el tránsito al sector privado de quienes han ocupado altos cargos públicos implica un elevado riesgo de conflictos de interés. La mera existencia de dudas al respecto supone un problema, pues erosiona la confianza –ahora muy mermada por la crisis- de la ciudadanía en los servidores públicos. De ahí la necesidad de una regulación que acote este peligro.

Pero conviene pensar también en el recorrido desde el sector privado al público. Un movimiento interesante para la sociedad, pues ésta contaría en la administración con personas capacitadas y experimentadas. Personas que, tras cumplir su tarea en la administración, querrán regresar a su actividad previa. Algo igualmente deseable para toda la sociedad; no parece muy sano que nadie se “apalanque” indefinidamente en cargos públicos con poder. Surge aquí un dilema, ante el que, por fortuna, caben mecanismos e incentivos que mejoran los términos de la disyuntiva. Transparencia Internacional, organización que lucha contra la corrupción, explica y avala en varios informes, al igual que la OCDE, los procedimientos de que disponen muchos países desarrollados.

En general, cuentan con un régimen de incompatibilidades, prohibiendo el uso de información privilegiada propia del cargo público. Existen leyes que, durante períodos que varían según naciones, cierran el acceso de los cargos públicos a determinadas oportunidades laborales posteriores que podrían originar conflictos de interés con la labor desempeñada en el gobierno. Esta limitación complica mucho la vuelta al mercado laboral de profesionales a quienes se les dieron, precisamente por su capacitación, responsabilidades relacionadas con el sector en que antes trabajaron y donde, por lógica, mejor encaje profesional tendrían. Así, naciones con fuertes restricciones en esta materia las acompañan de un régimen de cesantías que, a modo de un seguro, cubre esta contingencia. Sucede en Noruega y Austria, países muy escrupulosos en la búsqueda de la transparencia y la responsabilidad pública.

Si la proposición de ley presentada plantea únicamente mayores restricciones, sin establecer fórmulas para facilitar el retorno al sector privado de quienes lo abandonaron, tendrá un efecto dañino: desanimar a personas preparadas y valiosas, con interés en prestar un servicio público, de ocupar cargos públicos. Personas procedentes de otros ámbitos, con otros modos de hacer, que podrían enriquecer el funcionamiento de la administración pública.

¿Cuáles son las alternativas? Hay dos posibilidades que, de hecho, hoy se combinan satisfactoriamente con la presencia de personas llegadas del sector privado. Una, profesionales del propio funcionariado, con trayectorias que las capacitan para la responsabilidad que asumen. La limitación en este caso es que no basta con la valía técnica; hay que dar un paso y significarse políticamente, algo que una persona puede no querer en previsión de consecuencias futuras. Este problema no existe en la segunda alternativa, con políticos profesionales ocupando altos cargos. Pero tendríamos otro inconveniente, porque se incentivaría la aparición de políticos de profesión medrando al amparo de sus partidos.

Una reflexión final. La proposición de ley de que hablamos se centra en la etapa de salida de la administración, no en toda la complejidad del asunto. Mi propuesta sería ir más allá, para articular mecanismos de entrada y salida que faciliten que los cargos de gobierno los ocupen personas competentes, motivadas por una voluntad de servicio, procedan del sector público o del privado. Como recoge la exposición de motivos de la proposición, ostentar los más altos cargos de la comunidad es un honor, su desempeño es una retribución en sí misma. Pero si incrementamos innecesaria o excesivamente el coste de dicho desempeño, ¿con quién podremos contar?