La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acaba de forzar un pulso con el Gobierno de Estados Unidos tras sus reiteradas e infructuosas peticiones de que se fortalecieran sus fronteras internacionales. Arizona tiene una frontera de 650 km con México, que en los últimos años se ha convertido en una de las más transitadas por la inmigración clandestina.

Al parecer, residen en el estado 450.000 inmigrantes ilegales de un modo estable, y las autoridades estatales han decidido terminar con lo que se estaba convirtiendo en un modo de hacer generalizado y socialmente asumido.

Para ello han optado por la solución (ya utilizada en Italia) de criminalizar la inmigración ilegal. Se tratará, no ya de una mera situación irregular, sino de un delito, merecedor de sanción contundente.

Asimismo, el apoyo social se eliminará castigando a quienes transporten, den alojamiento u ocupación a esas personas. Y sobre todo, se da vía libre a la Policía para considerar sospechoso a quien genere «una duda razonable».

En el llamado imaginario común europeo, ocupa un lugar importante la literatura que da al derecho penal un papel protagonista. Quién no recuerda el ambiente victoriano de las novelas de Charles Dickens, o al Jean Valjean de Victor Hugo. La pequeña Dorrit y Los Miserables aparecieron con pocos años de diferencia, antes de la desaparición definitiva de la prisión por deudas. Hoy, el derecho penal tiene el mismo atractivo literario, o incluso cinematográfico, pero, afortunadamente, ha evolucionado.

En primer lugar, ha de estar reducido al mínimo: es última ratio en el sentido de que debe recurrirse a él sólo cuando no exista otra posibilidad. Por otra parte, si bien lo penal supone unos contenidos específicos, vinculados a las necesidades y las peculiaridades del grupo social, lo que le da un margen de variabilidad histórica e incluso cultural, también, y esto es importante, constituye  el reflejo de las concepciones morales de un pueblo. Los intentos contemporáneos de promover una vuelta atrás cuentan no sólo con apoyos políticos, e incluso sociológicos, sino también con no pocos formuladores intelectualmente poderosos. Esto se plantea en relación con la obligación de los Estados de proteger a sus ciudadanos en materia de seguridad o terrorismo.

Ahora bien, no creo que ninguno de esos argumentos intelectuales sea aplicable a los inmigrantes sin papeles. La inmigración ilegal es, como su propio nombre indica, contraria a la ley, y eso tiene unas consecuencias jurídicas. Pero el motivo por el que una persona se encuentra en esa situación puede ser muy variado. Por otra parte, resulta sumamente inquietante decir de una persona que genera una «duda razonable» y muy difícil pensar en que no nos estemos refiriendo con ese eufemismo al color de la piel.