José Luis Álvarez Arce, Director del Departamento de Economía, Universidad de Navarra
¿Por qué se exige una ayuda a la banca?
¿Por qué se pide a la banca que ayude a que la zona euro salga de la crisis?
Hay varios argumentos sobre la mesa. Por un lado, que los excesos cometidos en el pasado por parte del sistema financiero están en el origen de la crisis, de modo que quienes más participaron en provocar los desequilibrios, más deberían contribuir a solucionarlos. En segundo lugar, que una de las industrias que más se beneficiarían de una estabilización de los mercados financieros es la bancaria, por lo que deberían sumarse al esfuerzo para calmar la convulsa situación actual. No olvidemos, además, que en algunas economías la mala posición fiscal se deriva de fórmulas aplicadas para rescatar al sistema bancario. Aunque, irónicamente, el mal estado de los balances también viene influido por el deterioro fiscal, ya que los bancos cuentan con un gran volumen de deuda soberana entre sus activos.
¿Es la tasa Tobin la solución?
Los argumentos anteriores y otros similares tienen el peligro de caer en la demagogia, incluso aunque contengan una parte notable de verdad. Si se decide tomar medidas del tipo de la tasa Tobin (tasas sobre las transacciones financieras), debe hacerse desde un análisis sereno y sensato de sus pros y contras, no como una represalia frente a los supuestos culpables de los males que padecemos. Dudo que fuera una solución para los problemas de la zona euro, ya que la raíz de los mismos está en la estructura institucional de la Unión Monetaria, que carece de los mecanismos fiscales adecuados para hacerla estable en circunstancias tan complicadas como las actuales.
¿Quién recaudaría y administraría la tasa, y qué destino se le daría finalmente?
Su destino es una cuestión abierta. ONG como Oxfam reclaman que la recaudación se destine a los más desfavorecidos. En cuanto a la recaudación y administración, tendría que recaer sobre los estados que la fijen. Ahí hay otro problema, y es que una medida fiscal de estas características requiere el respaldo unánime bien de toda la Unión Europea (Reino Unido nunca lo aceptaría), bien de la Unión Monetaria.