Biden reformula la cooperación con Latinoamérica: APEA, entre la promesa y la realidad

La Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEA) es la iniciativa puesta en marcha por la Administración Biden para la cooperación con el resto del hemisferio occidental. Con ella, Estados Unidos pretende contribuir a abordar los desafíos económicos de sus vecinos, al tiempo que contrarrestar la influencia china en la región. Sin embargo, la falta de incentivos comerciales concretos, la ausencia de actores clave como Brasil y Argentina, y la falta de definición estratégica en la primera cumbre plantean dudas sobre su efectividad. Aunque podría no alcanzar sus objetivos deseados, la APEA se percibe como un punto de partida valioso que podría sentar las bases para futuras iniciativas lideradas por Estados Unidos que encajen mejor con las aspiraciones de los países latinoamericanos.

La Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas fue anunciada el 8 de junio de 2022 por el presidente Biden en la Cumbre de las Américas, donde la presentó como un paso legítimo en la construcción de una alianza verdadera y sustantiva con socios comerciales de confianza en el hemisferio occidental. El 27 de enero de 2023, los países integrantes firmaron una declaración conjunta para la puesta en marcha de la iniciativa. Además de Estados Unidos, se trata de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Con la creación de la APEA (en inglés se conoce como Americas Partnership for Economic Prosperity, con las siglas APEP), Estados Unidos aspira a desarrollar una plataforma que asiente su influencia en el continente, mediante una colaboración regional capaz de abordar desafíos económicos, entre los cuales destacan la recuperación de la pandemia de COVID-19 y el avance hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible, según consta en los documentos oficiales.

Previos intentos estadounidenses de aumentar su influencia en el hemisferio occidental mediante la creación de una amplia zona de libre comercio fracasaron, debido principalmente a la falta de un acuerdo político general en la región (Estados Unidos tiene acuerdos con sus vecinos norteamericanos y con Centroamérica, así como con Chile, Perú y Colombia, pero no existe un acuerdo continental). De esta manera la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas emerge como una solución para fomentar la cooperación económica de Washington con el continente americano, atrayendo de momento a aquellos países dispuestos a una mayor interacción comercial, aunque sin alcanzar el estadio de libre comercio (el gobierno de Uruguay lo ha visto como un paso en esa dirección, al menos de modo bilateral)

Uno de los principales objetivos de la alianza se asienta sobre la pretensión estadounidense de ejercer de contrapeso a la creciente influencia China en Latinoamérica y el Caribe (veintiún estados de la región son miembros de la iniciativa china ‘Un cinturón, una ruta’; cuatro ya han concluido acuerdos de libre comercio con China), donde se ha consolidado como el segundo mayor socio comercial. En esta línea, la APEA pretende ofrecer a los estados caribeños y latinoamericanos razones económicas tangibles para disminuir su dependencia de Pekín. Además, la APEA fomenta la ejecución de múltiples proyectos de infraestructuras y desarrollo, con planteamientos más sostenibles que los impulsados por China.

El propio Joe Biden recientemente afirmó que la alianza pretende asegurar que los vecinos más próximos de Estados Unidos sepan que pueden elegir entre la diplomacia de la ’trampa de la deuda’ (en referencia al endeudamiento que algunos países alcanzan con China quedando a merced de esta potencia) y enfoquestransparentes y de alta calidad en materia de infraestructuras y desarrollo.

Pilares de la APEA

La APEA al contrario que anteriores intentos de cooperación promovidos por Washington, prevé pocos mecanismos de liberalización del comercio y estructura su acción entorno a cinco pilares temáticos: i) Revitalizar las instituciones económicas regionales y movilizar la inversión; ii) reforzar las cadenas de suministro regionales; iii) actualizar la negociación básica entre estados; iv) crear empleos entorno a energías limpias y avanzar en la descarbonización y la biodiversidad, y v) garantizar un comercio sostenible e integrador.

Estos pilares delinean una visión ambiciosa para el desarrollo sostenible y la colaboración regional. No responden solamente a desafíos inmediatos, como la recuperación postpandémica, sino que también sientan las bases para un futuro más robusto y equitativo en el hemisferio. La cooperación en gobernanza, sostenibilidad y comercio inclusivo tiene el potencial de catalizar un cambio significativo, fortaleciendo la resiliencia económica y promoviendo un desarrollo que beneficie a toda la región.

A su vez, la alianza pretende servir de ejemplo a otros estados latinoamericanos y caribeños, estableciendo los estándares de alto nivel que tanto los Estados Unidos como el resto de estados miembros esperan como requisito previo para estrechar lazos económicos.

En el periodo postpandémico, el fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales ha surgido como un objetivo prioritario para los Estados Unidos. Este enfoque estratégico busca mitigar la dependencia crítica de la región en las cadenas de suministro chinas, con la intención de reducir la influencia asiática en las Américas. La consolidación de estas cadenas regionales no solo persigue la diversificación de fuentes de aprovisionamiento, sino que también tiene el propósito de disminuir la vulnerabilidad de los estados ante hocks globales, así como prevenir posibles amenazas económicas o militares. Este cambio de enfoque refleja la necesidad de reforzar la resiliencia económica y la seguridad nacional en un entorno geopolítico caracterizado por la interconexión global y la volatilidad.

Efectividad de la APEA

Aunque la APEA promete ser una iniciativa que lidere bajo la dirección de la Casa Blanca el futuro desarrollo económico y cohesión social en el continente, muchos gobiernos latinoamericanos permanecen escépticos ante una estrategia regional ‘Made in America’. El mismo nombre tiene términos recurrentes y puede reflejar cierta inercia: Alianza para el Progreso fue la primera gran propuesta de este tipo, lanzada por John Kennedy a comienzos de la década de 1960 (entonces para socavar la influencia de la URSS y del comunismo internacional).

Otras iniciativas regionales previas firmadas por Washington como la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, de Barack Obama, o América Crece, de Donald Trump, erraron al no proponer incentivos comerciales que añadan valor a los productos latinoamericanos y eliminen las barreras que, aunque limitadas, dificultan las exportaciones de la región. Estos son desafíos que la APEA debe afrontar para no perecer al igual que anteriores proyectos.

Podría argumentarse que los actualmente once estados que junto a Estados Unidos forman parte de la alianza han decidido participar más por el temor a perderse una posible oportunidad que por el convencimiento de su futura efectividad. Ser parte de la mesa de negociaciones a un coste de oportunidad reducido ofrece más ventajas que mantenerse al margen.

La ausencia de Brasil, Argentina y otros países —la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños (CELAC) está integrada por 33 estados—, demuestra que al proyecto de la APEA todavía le quedan pasos que dar para alcanzar un volumen de recursos y socios significativo que permita a la alianza generar un impacto real en la región. Sumado a la falta de integrantes y recursos, el hecho de que salvo Uruguay (y el caso menor de Barbados), la alianza solamente incluya a estados con los que Washington ya ha alcanzado acuerdos de libre comercio, denota la actual inoperatividad de la APEA para definir un contexto estratégico para las Américas. En palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, la APEA no es más que un ejemplo de ‘friednshoring’ por parte de la Casa Blanca.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, es improbable que la Administración Biden ponga especial énfasis en la implementación de acuerdos en el marco de la APEA: cualquier ventaja que Washington pueda ofrecer a otras naciones en materia de comercio fácilmente conduce a una controversia política en el Congreso, por el supuesto riesgo de desarticulación económica y pérdidas de empleo en Estados Unidos. Electoralmente, la atención de la Casa Blanca hacia la vecindad latinoamericana está más ligada a cuestiones de inmigración.

La primera cumbre de la APEA, celebrada el pasado 3 de noviembre en Washington, estuvo centrada en la producción de semiconductores, material médico y energías limpias como motores de diálogo. La organización estadounidense apuntó a un marco más laxo incluso que el previamente establecido para definir la dirección de la alianza durante la cumbre, sin llegar a definirse estrategias concretas o rutas de acción. Aunque se acordó la celebración de una serie de simposios que reúnan a las partes regionales interesadas en el sector de los semiconductores para debatir oportunidades de desarrollo conjunto, la falta de definición y operatividad continúa siendo una tónica constante en el desarrollo de la alianza. Tras la primera cumbre, el sentido generalizado entre los países que acudieron al encuentro es el de mantenerse a la espera para observar y evaluar el desarrollo que puede tener la APEA.

La moderada participación de estados latinoamericanos y caribeños y los limitados fondos destinados a la alianza, sumados a una restringida ambición estratégica por hacer de la APEA un motor de cambio en el hemisferio pronostican que posiblemente no se alcancen los objetivos deseados. En todo caso, constituye una interesante base de partida; su viabilidad está entre un compromiso todo lo generoso y desinteresado que Estados Unidos esté dispuesto a asumir, y una colaboración honesta y no condicionada por la ideología por parte de las otras naciones americanas.