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Combatientes del M23 custodiados por efectivos de la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo, en 2024 en el norte de Kivu [MONUSCO]
Pocos meses después de que en 2024 se cumplieran treinta años del Genocidio de Ruanda, el conflicto en esa parte de África ha vuelto a escalar, en un complejo juego de intereses a múltiples bandas. El ataque a la ciudad congoleña de Goma por parte de un grupo armado tutsi, apoyado por Ruanda, amenaza con crear una crisis humanitaria.
El 27 de enero de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad de Goma, en la RD Congo, como la fecha de la toma de la ciudad por parte del grupo armado M23. La capital de la provincia de Kivu del Norte, fronteriza con Ruanda, es uno de esos lugares sobre los que no estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. Sin embargo, el conflicto armado que enfrenta al grupo armado M23, respaldado por Ruanda, y el ejército de la RD Congo y una serie de milicias afines, amenaza con crear una crisis humanitaria y una escalada del conflicto a nivel regional.
La rebelión del M23 puede enmarcarse como el último movimiento de la crisis de seguridad en la que lleva sumida la región de los Grandes Lagos desde inicios de la década de 1990 durante la cual se han producido escenarios de violencia e inseguridad tales como el Genocidio Ruandés de 1994 o la Segunda Guerra del Congo, también conocida como la Guerra Mundial Africana. Esta rebelión se dibuja como un conflicto intermitente dentro de esta crisis, puesto que abarca un primer periodo de hostilidades entre 2012, momento de creación del M23, y 2013 y un segundo desde 2021 hasta la actualidad.
El M23 nace en 2012 como el heredero de una serie de milicias locales de etnia tutsi surgidas desde principios de la década de los 90 en el este de la RD Congo y que, en 2009, acuerdan con el gobierno renunciar a las armas e integrarse en las Fuerzas Armadas de la RD Congo (FARDC). Sin embargo, en 2012 se alzan en armas alegando que el gobierno no está ni cumpliendo sus compromisos, ni protegiendo los derechos de la minoría tutsi.
Esta primera fase concluirá cuando una fuerte ofensiva de las FARDC y la pérdida de apoyo de Ruanda en noviembre de 2013 hagan sentarse al M23 a la mesa de negociación. Sin embargo, en 2021, el grupo va a denunciar que el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos acordados en 2013 en cuanto a las condiciones de los excombatientes, ni protegiendo los derechos de la población tutsi e incluye entre sus demandas la reforma del ejército congoleño como paso previo a una eventual incorporación de nuevo al mismo. En lo que se refiere a Ruanda, en esta segunda fase, Naciones Unidas ha documentado que, además de ejercer “el control de facto sobre las operaciones del M23 de forma sistemática”, mantiene desplegados, al menos, a 3.000 soldados de sus fuerzas armadas en el territorio de su vecino.
Por su parte, el ejército regular de la RD Congo, lucha de la mano de una serie de grupos armados locales conocidos como Wazalendo (patriota en swahili) y el grupo armado FDLR, heredero de los grupos extremistas hutu responsables de la comisión del Genocidio Ruandés de 1994 huidos a la vecina RD Congo. A este mosaico de actores se debe añadir la presencia de la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el Congo (MONUSCO) y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que cuenta con mandato ofensivo para ayudar al Gobierno a restablecer la paz y la seguridad en el este del país. En lo que va de 2025, 13 soldados sudafricanos de la misión de mantenimiento de la paz de la CDAA, así como dos malauíes y un uruguayo de la MONUSCO, han perdido la vida como consecuencia de los combates.
La RD Congo acusa a Ruanda de utilizar al M23 como proxy para ocupar parte de su territorio rico en recursos minerales y Ruanda acusa a la RD Congo de cobijar y colaborar con el FDLR, lo que considera una amenaza directa a su seguridad. Con frecuencia se identifica la explotación del mineral de coltán, imprescindible para la fabricación de baterías de móviles, ordenadores y vehículos eléctricos como causa del conflicto. Sea como fuere, resulta indudable que la explotación de minerales juega un papel determinante en el desarrollo del conflicto como incentivo y como fuente de ingresos que permite asumir a los actores el coste económico del mismo. Sin embargo, limitar las causas del conflicto únicamente a este fenómeno supondría reducir la profundidad de sus dimensiones.
Así, las causas de esta crisis de seguridad las podemos encontrar en la combinación de tres factores: un proceso de militarización de la gobernanza local mediante el surgimiento de grupos armados; lo que la doctrina ha denominado la ‘Cuestión Ruandesa’, es decir, la continuación de la Guerra Civil Ruandesa en territorio de la RD Congo; y los incentivos que generan la presencia de vastos yacimientos de minerales en la zona.
El proceso de militarización de la gobernanza local se produce por la superposición de tres factores: etnia, tierra y anomia. En primer lugar, Kivu del Norte es una región étnicamente diversa en la que se encuentran presentes miembros de las etnias Nande, quienes representan, aproximadamente, el 50% del total de la población, Hutu el 30% y el 20% restante está compuesto, principalmente, por Hunde, Nyanga o Tutsi. Estos grupos étnicos se diferencian entre los denominados autóctonos, es decir, aquellos presentes en la zona con anterioridad a las olas migratorias organizadas durante la época colonial, los Hunde, Nyanga y Nande, y los grupos alóctonos, de etnia Hutu y Tutsi, que se asentaron en la zona durante la época colonial y posteriormente provenientes de la actual Ruanda.
El mero fenómeno de la diversidad étnica no explica per se el surgimiento de un conflicto. En este caso debemos destacar que Kivu del Norte es una región con una alta densidad de población en términos comparativos con el continente africano donde las tierras de cultivo resultan particularmente fértiles y el 90% de la población se dedica a la agricultura o ganadería de subsistencia, lo que hace de la tierra un bien escaso y cotizado. El actual sistema de propiedad de la tierra, por su configuración, discrimina a los grupos alóctonos, lo que ha supuesto una fuente de conflicto entre ambos grupos desde los años 60. La guerra actual se define, por tanto, como un intento de securitizar la propiedad de las tierras a largo plazo y, en particular, la defensa por parte del M23 de las tierras adquiridas por la comunidad tutsi.
El surgimiento y pervivencia en la zona de grupos armados, como el M23, el FDLR o los Wazalendo puede explicarse teniendo en cuenta la situación de anomia existente en el este del país, es decir, aquella en la que el estado no puede ejercer sus funciones básicas tales como la protección de la población mediante el mantenimiento de la ley y el orden o el control sobre recursos públicos, que resulta de especial incidencia en Kivu debido, entre otros factores, a la falta de infraestructuras de comunicación en una extensión tan amplia de territorio que duplica la de algunos países europeos como Bélgica.
Otro factor clave en este conflicto lo constituye la denominada Cuestión ruandesa. En 1990 estalla una guerra civil en la vecina Ruanda entre dos facciones dominadas, una dominada miembros de etnia hutu y otra tutsi. En el marco de este conflicto se perpetra el genocidio ruandés contra personas de etnia tutsi, e individuos hutu moderados. Tras el genocidio, los grupos tutsis se hacen con el poder y los amplios sectores de hutu extremistas huyen a la vecina RD Congo, donde reciben cobijo y forman sus propias milicias. Desde entonces, el gobierno de ruandés ha considerado la presencia de esos grupos al otro lado de su frontera como una amenaza a su seguridad.
Por su naturaleza, este conflicto se caracteriza por el recurso por parte de dos actores estatales, RD Congo y Ruanda, a colaborar con actores de naturaleza no estatal en la consecución de sus fines y por la cantidad e intensidad de violaciones de Derecho Internacional perpetradas durante el mismo. A la explotación ilegal de recursos naturales, principalmente madera y minerales, debe sumarse la violación de manera sistemática de del Derecho Internacional de los Conflictos Armados a través de actos que podrían constituir crímenes de guerra como el asesinato indiscriminado de civiles, la utilización de niños soldado o el recurso a la violencia sexual como instrumento de guerra.
Hasta ahora, los esfuerzos internacionales para poner fin a este conflicto, que ha generado más de medio millón de desplazados, no han logrado resultado. Ni los esfuerzos de Angola como mediador nombrado por la Unión Africana ni las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU instando a una desescalada han logrado un alto el fuego sostenible en el tiempo. En los días inmediatamente posteriores a la toma de Goma por parte del M23, turbas de manifestantes han allanado, incendiado y saqueado en Kinshasa las embajadas de, entre otros países, Francia y Estados Unidos, acusando a sus gobiernos de cómplices de Ruanda al no haber ejercido su influencia para frenar sus acciones.
Lo cierto es que en los últimos años, Ruanda y Francia han estrechado su cooperación estratégica, materializándose en el envío de tropas de paz ruandesas a Mozambique que, en la práctica, han protegido las explotaciones petrolíferas de la francesa Total, así como otros intereses comerciales galos. En cuanto a Estados Unidos, algunos analistas apuntan a que Ruanda podría estar aprovechando la postura reacia a la involucración en conflictos que la nueva Administración Trump ha llevado a la Casa Blanca.