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Venta callejera en una población cubana [GregMontani]
El año 2021 ha sido el del despegue de las reformas económicas en Cuba, obligadas por la difícil situación en que se encuentra la isla y que se ha visto agravada por la pandemia. Aunque tímidas, las reformas han abierto un espacio para la empresa privada con empleados, más allá del ‘cuentapropismo’ individual admitido hasta ahora, si bien los resortes económicos siguen muy controlados por el Estado comunista. Además, la eficacia de las nuevas medidas para mejorar la situación del país queda en entredicho por el férreo control que el Gobierno ejerce sobre la sociedad.
En medio de la crisis económica, Cuba está acumulando reformas económicas orientadas a impulsar una naciente iniciativa privada como modo de superar el nuevo periodo especial en el que se encuentra la isla. La falta de turismo, el elevado gasto público por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia y las sanciones estadounidenses suponen un complicado cuadro que finalmente ha empujado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a acometer reformas largamente postergadas por imperativos ideológicos.
Las iniciativas de apertura económica se han ido sucediendo desde el pasado 1 de enero de 2021, cuando Cuba puso fin a su sistema de doble moneda con una ambiciosa reforma monetaria. En febrero se anunció una apertura a la iniciativa privada de más de 2.000 rubros adicionales. A partir de entonces el Gobierno ha dado sucesivos pasos en su estrategia para impulsar la economía, consistente en la flexibilización de las regulaciones para la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos; la implementación de nuevas normativas bancarias, y la aprobación de un paquete normativo que legaliza las primeras micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a las que permite obtener créditos en moneda extranjera. Estas medidas inciden en la vía abierta por La Habana para un ligero cambio en el modelo económico cubano, en el que la empresa estatal es el sujeto principal de la economía nacional.
Si bien las medidas económicas suponen modestos avances, se mantienen las viejas costumbres características del gobierno centralizado. La ausencia de un cambio en el marco político reduce los efectos que tendría una verdadera reforma. Las autorizaciones para constituir empresas y otorgarles créditos quedan en manos de un Estado que prioriza sofocar cualquier atisbo de disidencia política.
De momento, el fuerte declive económico impide notar las pequeñas mejoras que pueden suponer las nuevas medidas. La crisis, además, alimenta el descontento social en Cuba, lo que ya desencadenó un movimiento masivo de protestas en julio y luego justificó la convocatoria de una nueva jornada de manifestaciones el 15 de noviembre, que no pudo tener lugar porque el Gobierno usó todos los medios para impedirla.
Las MIPYMES
La gran novedad de 2021 en el sistema económico cubano se produjo en agosto con la publicación de las normas sobre el “perfeccionamiento” de los actores económicos de la economía cubana, por medio de las cuales las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia son llamados a impulsar, desde su propio ámbito, el desarrollo económico nacional. El paquete normativo, en vigor desde el 20 de septiembre, otorga personalidad jurídica a estas formas empresariales que, desde hace años, operan en la economía bajo el rótulo de trabajadores por cuenta propia (lo que se ha llamado cuentapropismo), al tiempo que establece cambios en el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias y del trabajador por cuenta propia.
Las MIPYMES constituyen un actor novedoso en el escenario económico de Cuba. Podrán ser estatales, privadas o mixtas, lo que permitirá descentralizar ciertas actividades económicas que hasta la fecha habían estado bajo la tutela exclusiva del Estado. A través de la creación de un sector privado que supuestamente debería jugar con las reglas de libre mercado, Cuba pretende atraer a la isla recursos de los que ahora no dispone.
Según la nueva normativa, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia podrán realizar proyectos en todas las actividades, excepto en 112 que forman parte del núcleo esencial de la economía y que afectan a los sectores de salud, telecomunicaciones, banca y defensa, entre otros. De acuerdo con el número de personas ocupadas, incluidos tanto socios como empleados, las MIPYMES se categorizan en: microempresa (de una a 10 personas); pequeña empresa (de 11 a 35 personas), y mediana empresa (de 36 a 100 personas).
Aunque las MIPYMES en principio podrán acceder al sistema mayorista estatal, importar y exportar, fijar precios y atraer inversión extranjera, siguen contando con una fuerte regulación estatal. Las empresas están autorizadas a exportar e importar, pero solo de forma indirecta, es decir, a través de entidades estatales. Además, las compañías están limitadas a 100 ocupados y las personas solo pueden ser socias de una sola empresa a la vez. Hasta ahora 520 nuevos actores económicos cuentan con aprobación para participar en la economía cubana. De las MIPYMES aprobadas, 497 son empresas privadas y 11 estatales.
También se han aprobado hasta la fecha 12 cooperativas no agropecuarias. Se trata de un actor económico que funciona en Cuba de forma experimental desde 2013. El texto normativo elimina el carácter experimental de este sujeto e introduce regulación concerniente a su constitución, funcionamiento y extinción como actor en la economía nacional.
Por lo que respecta el ejercicio del trabajador por cuenta propia, la nueva normativa actualiza las disposiciones generales para su desarrollo, regula el procedimiento para tramitar las autorizaciones a través de la Oficina de Trámites creada a tal efecto, y adecúa su sistema de organización y control. Además, “perfecciona” las responsabilidades de las administraciones locales del Poder Popular, los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales en relación con esta modalidad de empleo.
Operaciones en moneda extranjera y aranceles
Entre las novedades económicas, destaca también una resolución publicada en septiembre para la autorización por parte del Banco Central de Cuba (BCC) a las instituciones financieras para conceder créditos en moneda extranjera a las cooperativas no agropecuarias y a las MIPYMES. Con ese fin, el BCC anunció en noviembre la creación de una nueva institución llamada Financiera de Créditos SA.
Hasta la fecha, estos actores económicos solo podían acceder a créditos bancarios en pesos cubanos. Se entiende por moneda extranjera las monedas libremente convertibles aceptadas por el BCC, entre las que se encuentran el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el euro y el nuevo peso mexicano. La medida es beneficiosa para los dueños de las empresas y cooperativas no agropecuarias quienes se ven obligados a importar en moneda extranjera los insumos necesarios o comprarlos en los mercados mayoristas existentes en la isla que operan en moneda extranjera.
Del mismo modo, el BCC autorizó la flexibilización del uso de las cuentas bancarias en moneda libremente convertible para las operaciones de compra y venta de bienes y de prestación de servicios, y extendió su apertura a personas naturales, formas de gestión no estatal, MIPYMES, personas jurídicas extranjeras, entre otros sujetos.
Por otra parte, en julio se ampliaron las facultades de importación para el sector no estatal. Entre las medidas destaca la exoneración hasta el 31 de diciembre de 2021 del pago del impuesto aduanero a las entidades que presten el servicio de importación de insumos y materias primas para formas de gestión no estatales. Se trata de otra medida para estimular la producción de bienes y prestación de servicios en el sector privado.
Asimismo, se autorizó ampliar hasta diciembre la libre importación de medicamentos, alimentos y productos de aseo a personas naturales que se había aprobado en 2020 como medida excepcional para aliviar la grave crisis derivada de la pandemia. La decisión sobre la ampliación fue tomada justo después de las protestas sociales que tuvieron lugar el 11 de julio, que hicieron que el Gobierno se viera presionado a seguir flexibilizando restricciones con el fin de paliar la carencia de insumos en la isla y la incapacidad de adquirirlos en el mercado internacional.