ANÁLISIS / Nerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.