El despliegue de casi 19.000 'cascos azules' ha reducido la violencia, pero siguen las violaciones de los derechos humanos

El apalancamiento en el poder del presidente Joseph Kabila y el resentimiento social y tribal han alimentado en el último año y medio un violento conflicto en el interior de la República Democrática del Congo. Hasta la hecha ha habido 3,9 millones de desplazados; solo en 2017 se registraron 3.300 muertos. La intervención de la ONU ha reducido los niveles de violencia, pero el conflicto en la provincia de Kasai sigue vivo.

▲Fuerzas de la Misión de Estabilización en la RDC de la ONU [MONUSCO/Sylvain Liechti]

20 de abril, 2018

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

La República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sumergida en una gran crisis civil que dura ya largo tiempo. Si bien este país ha tenido numerosos problemas y conflictos internos, el de la región de Kasai, en el centro-sur del país, destaca por el elevado número de muertes y violaciones de derechos humanos.

El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el presidente Joseph Kabila, en el poder desde 2001, decidió retrasar las elecciones para permanecer más tiempo en el poder. La muerte de su principal opositor, Étienne Tshisekedi, facilitó las intenciones de Kabila de seguir en la presidencia, pero desde entonces este ha tenido que confrontar una oposición armada: la milicia de Kamuina Nsapu.

Para entender la situación generada hay que partir de la división tribal presente en la RDC. Las jefaturas y divisiones territoriales son administradas por un jefe tradicional y su consejo. Estas líneas hereditarias siguen un proceso de sucesión, que debe ser ratificado por el Ministerio del Interior. En el caso de la tribu de los Kamuina Nsapu, en enero de 2012 hubo un problema con el acceso a la jefatura de Jean Pierre Nsapu Pandi, porque el Ministerio del Interior (nombrado por Kabila) no llegó a reconocer al nuevo líder. Después de un tiempo, este recibió la noticia de que el Ministerio había seleccionado a otro jefe ajeno a la tribu. Esta selección generó un resentimiento que condujo a una revuelta. Desde ese momento Nsapu Pandi decidió empezar a reclutar gente en la zona.

Entre las razones por las que este movimiento creció y se expandió en la región está en primer lugar la situación de pobreza generalizada. Dadas las bajas condiciones de vida y el escaso crecimiento económico, las promesas que ofrecía el líder constituyeron un incentivo popular. El conocimiento de la lengua local tshilub y el propio carisma personal de Nsapu Pandi lo ayudaron también a conseguir partidarios, de forma que a finales de julio de 2016 unos 800 jóvenes ya lo seguían. Fue entonces cuando la milicia, llamada Kamuina Nsapu por devoción a su líder y guía, empezó la revuelta, con el incendio de una comisaría a 20 kilómetros de la ciudad de Tsimbulu.

El conflicto dio un salto pocas semanas después, cuando se produjo un enfrentamiento entre policías y militares en Tsimbulu. El episodio terminó con la orden de muerte en combate de Pandi, dada por el mismo presidente. Desde ese momento la recientemente formada milicia se agrupó con la oposición a Kabila y pasó de ser un grupo local a convertirse en uno nacional. Ahora es una milicia en guerra civil con el gobierno, en una confrontación que ha devastado a la población congoleña.

La milicia Kamuina Nsapu y sus atrocidades tuvieron una rápida respuesta de Kabila. Este respondió con una fuerza desmesurada y desproporcionada, pues en sus acciones contra la milicia las autoridades causaron en las primeras semanas unos 400 muertos, tanto entre elementos armados como entre la población civil. El grupo ha crecido exponencialmente debido a la fuerte oposición social a Kabila, quien no obstante a día de hoy sigue manteniendo el poder en Kasai. Ambos bandos del conflicto han protagonizado atrocidades y violaciones graves de los derechos humanos.

Los datos sobre muertes y daño a personas no son fáciles de obtener. Según fuentes de la Iglesia Católica, solo en 2017 el conflicto provocó al menos 3.300 muertes. Ese mismo año hubo 1,7 millones de personas que dejaron sus hogares y se desplazaron a países vecinos en busca de asilo. Hasta la fecha ha habido un total de 3,9 millones de personas desplazadas. El conflicto ha agravado la hambruna en el país, que alcanza los 7,7 millones de personas. De ellas, 3,3 millones se ubican en la región de Kasai, que es la más azotada por el conflicto. En enero de 2018, se estimó en 400.000 el número de niños malnutridos. Las cifras no hacen más que elevarse debido a la migración y a la situación de peligro que sufren miles de personas. La RDC ha pedido al Banco Mundial 1.700 millones de dólares para poder establecer y ayudar a la población. Pero esta suma no ha sido entregada ni ha habido ninguna aportación económica por parte de ninguna organización internacional.

Lo cierto es que estas atrocidades son responsabilidad de los dos bandos en conflicto. La participación de ambas partes se puede ver en el descubrimiento de fosas comunes (se han encontrado 80 en la zona) tras una iniciativa de las Naciones Unidas. Permitió ver que se habían cometido desde decapitaciones hasta mutilaciones y que las víctimas iban de militares a niños. La ONU ha enviado observadores y “cascos azules” a la zona: en total son 19.000 efectivos cuya misión es intentar mantener la paz, apoyar a los civiles e investigar los hechos sucedidos. Esos trabajos han contabilizado de momento 2.800 violaciones de derechos humanos. Al menos dos observadores de la ONU fueron decapitados en la región de Kasai, a la que las organizaciones internacionales tienen difícil acceso debido a las restricciones gubernamentales y al despliegue mismo de la violencia.

Este conflicto está basado en el resentimiento social y tribal y en la lucha por el control del país. Para que el país se pueda recuperar, tanto Kabila como los Kamuina Nsapu deberían llegar a algún tipo de compromiso. Para lograr esto la comunidad internacional debería reiterar la presión ejercida en 2016 al inicio de un conflicto que se ha acrecentado a lo largo de casi dos años. La Unión Africana y la ONU deberían empujar a ambas partes en litigio hacia el alto al fuego, en una mediación tanto como regional como extracontinental. La solución más propicia para lograr la estabilización del país pasa por la celebración de elecciones libres.