La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

• En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

• La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

• Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

▲ Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

Informe SRA 2019 / Lisa Cubías [Versión en PDF]

ABRIL 2019—Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera –espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización­– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos testimonios de funcionarios de la era Obama han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El “Proyecto Casandra”, ampliamente expuesto por la publicación Politico a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la creación de una unidad de investigación específica denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más delante, en octubre, designó a Hezbolá como organización criminal transnacional, al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en noviembre como terrorista a Jawad Nasralá, hijo de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela existen “células activas” de ese grupo.

Acción en la triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido, pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.