El comercio entre EEUU y Nicaragua crece un 67% en dos años a pesar de las sanciones

Las sanciones aplicadas por Estados Unidos para castigar al régimen de Daniel Ortega no han impedido la progresiva implantación de una dictadura en Nicaragua. La reciente liberación y expulsión de 222 presos políticos no parece haber sido consecuencia de la presión estadounidense; tampoco supone un indicio de arrepentimiento de Ortega, sino más bien lo contrario. Como principal socio comercial de Nicaragua, EEUU podría ser más efectivo en sus propósitos con una reducción de las importaciones que hace desde allí: Washington ha considerado excluir a Nicaragua del acuerdo del libre comercio entre EEUU y Centroamérica, y ha barajado también el extremo de prohibir la compra de productos nicaragüenses. Sin embargo, a pesar de proclamar esas intenciones, la realidad es que EEUU sigue aumentando su comercio –y su raro déficit comercial– con Nicaragua.

El comercio entre Estados Unidos y Nicaragua alcanzó en 2022 un récord de $8.304 millones, lo que supone un incremento del 21,97% respecto al año anterior, en el que también hubo un importante salto tras la moderación comercial del pandémico 2020. En esos dos años, mientras el Washington político ha buscado maneras de forzar al presidente Ortega para desandar la senda del autoritarismo, el comercio entre los dos países creció un 67,15%, según las cifras recogidas en el Censo estadounidense.

La economía nicaragüense depende enormemente de ese comercio, pues alrededor del 60% de sus exportaciones van destinadas a Estados Unidos. Nicaragua es el único país de Centroamérica que vende más a EEUU de lo que le compra: solo adquiere allí alrededor del 25% del total de sus importaciones. Esa situación de privilegio nicaragüense ha sido apuntada por quienes desde Washington destacan la incongruencia de estar sancionando con medidas aisladas al régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y sin embargo seguir premiándole con ese superávit comercial. En 2022, el déficit para EEUU en esas transacciones subió a $3.151 millones, un 25,89% más que el año anterior.

Es posible que el volumen de esa relación comercial se vea afectada a lo largo de este año por algunas decisiones adoptadas por la Administración Biden, como el anunciado fin del trato de favor en la importación de azúcar para 2023. Hasta ahora, no obstante, ha habido contraste entre la declaración de intenciones desde EEUU en materia comercial y el rédito que sigue obteniendo Nicaragua (el matrimonio Ortega-Murillo y sus hijos controlan diversas empresas importantes y se benefician de las exportaciones; si bien hay que tener en cuenta el daño que puede generarse en la población a raíz de ciertas sanciones económicas).

La liberación el 9 de febrero de 222 presos políticos, que fueron despojados de sus derechos civiles y nacionalidad y enviados inmediatamente a Washington, no parece responder a una necesidad de Ortega de negociar la relajación de las sanciones vigentes. Él mismo ha subrayado que esa decisión se tomó de modo unilateral, sin pactar nada con EEUU; solo se habría preguntado a Washington su disposición a recibir a los liberados. La Casa Blanca, por su parte, ha insistido en que no ha habido ninguna concesión para que las autoridades nicaragüenses del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) llevaran a cabo ese gesto. La medida respondería, más bien, a un deseo de Managua de quitarse de encima un problema, al tiempo que le puede permitir exhibir la carta humanitaria, por más que remarcando su carácter dictatorial.

No ha habido, desde luego, ninguna relajación de las sanciones, aunque cabría preguntarse si el hecho de que la EEUU haya seguido privilegiando comercialmente a Nicaragua autoriza pensar al régimen nicaragüense que ofreciendo alguna compensación de vez en cuando puede evitar sanciones de mayor calado, como el recorte o prohibición de las importaciones que realiza la potencia norteamericana.

Acuerdo de Libre Comercio

En 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), al que luego se unió República Dominicana (DR-CAFTA). Nació con el fin de liberalizar el comercio de bienes y servicios en la región, incluyendo la eliminación de aranceles, la apertura de mercados, la reducción de barreras a servicios y la promoción de transparencia. Nicaragua ha sido el país más beneficiado: desde 2006 hasta la pandemia de Covid, las exportaciones nicaragüenses a EEUU crecieron un 229% respecto a los niveles previos al acuerdo, incluyendo rubros como textiles, productos agrícolas y alimenticios, pequeña maquinaria y materiales eléctricos, así como piedra y vidrio.

En paralelo a esa evolución se ha ido extendiendo el control político y social del régimen de Daniel Ortega. Ya presidente de Nicaragua durante la Revolución Sandinista en la década de 1980, Ortega regresó en 2007 a la presidencia mediante elecciones, pocos meses después de entrar en vigor el CAFTA. Con el paso de los años, Ortega ha ido laminando las garantías democráticas del país, con una creciente concentración de poder y violación de los derechos humanos, como ha denunciado EEUU: eliminación de la separación de poderes, modificaciones constitucionales para permitir la reelección indefinida, control sobre dictámenes judiciales para la justificación de acciones gubernamentales y manipulación electoral, entre otros aspectos. También ha controlado a la oposición restringiendo libertades, como las de prensa, expresión y reunión, y recurriendo a la violencia policial para atemorizar a la población a través de detenciones y agresiones injustas, en una larga lista de vulneración de derechos duramente criticada por organizaciones internacionales.

Todas esas acciones han perjudicado la situación socioeconómica. Las protestas que estallaron en 2018, cuya represión superó los trescientos muertos, hundieron la economía, luego afectada por el impacto negativo de la pandemia y la inflación generalizada. Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica (después de Haití), con un PIB per cápita de $2.100 en 2021; la inflación alcanzó en 2022 el 9,9%. Debido a la persecución política, la violencia, la corrupción y las dificultades económicas, un gran número de nicaragüenses decidieron salir del país, parte de ellos optando por Costa Rica, destino migratorio habitual, pero en su mayoría dirigiéndose esta vez a Estados Unidos: más de 180.000 nicaragüenses cruzaron en 2022 la frontera con ese país.

Washington ha recurrido a las sanciones para intentar forzar la reconducción del giro antidemocrático de Ortega, pero esa diplomacia coactiva no se ha empleado de momento a fondo, en parte por temor a sus efectos sobre la población local. Por su parte, el mandatario nicaragüense ha advertido de que un empeoramiento de la economía no haría sino incrementar la migración hacia el Norte, algo no deseado por EEUU.

Escalada de sanciones

Estados Unidos anunció la primera ronda de sanciones en 2018 en respuesta a la brutal represión de las protestas masivas que hubo entonces. En noviembre de ese año, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses (NICA), que prevé sancionar a cualquier persona involucrada en abusos de poder y contra los derechos humanos en el país centroamericano. En ese contexto de fuerte violencia contra la oposición y, de modo creciente, también contra la Iglesia Católica nicaragüense, Ortega obtuvo en 2021 un cuarto mandato mediante elecciones fraudulentas, lo que motivó que el Congreso de EEUU ampliara el marco legal para su actuación mediante la Ley RENACER (siglas en inglés de Reforzando la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral).

La Administración Trump optó por imponer sanciones a individuos (Nacionales Especialmente Designados). La Administración Biden ha seguido con la misma política, intentando en ocasiones actuar de modo conjunto con la Unión Europea, con el propósito compartido de que haya en Nicaragua elecciones libres y justas y de que los presos políticos sean liberados.

Pero Ortega no solo no ha dado ningún paso atrás, sino que ha profundizado su confrontación con EEUU, la UE e instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que en abril de 2022 retiró al país tras la denuncia de fraude en las elecciones municipales hecha por ese foro. Al mismo tiempo, Ortega ha exhibido especial sintonía con Putin tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, país al que ha apoyado en su agresión. Managua y Moscú han estrechado las relaciones militares con la autorización de ingreso de mayores contingentes de personal y material ruso en Nicaragua para patrullar fronteras y realizar entrenamientos conjuntos. Ortega también ha mostrado amistad recientemente hacia Irán, con cuyo ministro de Petróleo se reunió en vista a hipotéticas exploraciones petroleras e inversión en actividad de refinería, algo interpretado como un deseo del presidente nicaragüense de minimizar futuros impactos económicos de las sanciones estadounidenses.

Dada la poca eficacia de las medidas que se han venido aplicando, en Washington se debate cómo escalarincrementar la presión. Así, se pasó a considerar la posibilidad de promover la suspensión de la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA; no obstante, esa vía fue desechada de momento al advertir que en el tratado no existe un mecanismo para ello, aparte de que debería ser consensuada con el resto de los países miembros. Abordando otras posibilidades, como la aplicación de sanciones a ciertas industrias, la Administración Biden ha aprobado una disminución de cuotas, así como la eliminación de la tarifa reducida, en la importación de azúcar para 2023. Otros sectores que podrían estar en diana es el del oro, dado que está controlado por el estado y sus ganancias sostienen al régimen. Como medida más extrema, EEUU podría decretar la prohibición de todas las compras a Nicaragua, pero hay que tener en cuenta que algo así agravaría los problemas humanitarios y migratorios, y que Nicaragua técnicamente podría demandar a EEUU en aplicación del acuerdo de libre comercio.

Otra opción para restar liquidez al régimen sería restringir su capacidad de acceso a fondos extranjeros, como los préstamos de instituciones multilaterales como el IMF o el Banco Mundial. Otras propuestas en esta línea irían por negar la colaboración de entidades estadounidenses de ayuda al desarrollo como USAID y la DFC con el Banco de Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dada la desproporcionada cantidad de dinero que presta a Nicaragua por su mayor pobreza.

Pero mientras se determinan las sanciones más idóneas, en realidad en un contexto de dudas de la comunidad internacional sobre la eficacia de los diversos programas sancionadores, lo cierto es que Estados Unidos no solo ha seguido comerciando sin limitación con Nicaragua, sino que además ha incrementado su volumen de compras.