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Imagen satelital del Estrecho de Gibraltar y las dos riberas del Mediterráneo [Wikipedia]
Marruecos es, por muchos motivos, una prioridad para la política exterior española. A pesar de ello, desde la Transición no ha habido una política de Estado explícita –con objetivos definidos y consensos básicos sobre recursos, enfoques y medidas– que guíe la política de España hacia su vecino del sur. España y Marruecos son países mucho más cercanos de lo que parece, pero bastante más distantes de lo deseable.
Dos rasgos que han caracterizado tradicionalmente las relaciones entre España y Marruecos son su complejidad y los frecuentes vaivenes. La proximidad geográfica, sumada a la presencia de una importante comunidad marroquí en España (más de 800.000 personas), al diferencial de renta per cápita (30.090 euros frente a 3.930 euros en 2021, según el FMI) y a las diferencias políticas, demográficas y culturales, suponen un terreno abonado para las divergencias y fricciones. No obstante, esas mismas realidades hacen que también existan motivos para cooperar más y buscar fórmulas de complementariedad beneficiosas para ambas sociedades, máxime cuando se solapan múltiples crisis económicas, sociales y políticas a ambos lados del Estrecho de Gibraltar.
España es el único país europeo con presencia territorial en el norte de África y, en consecuencia, con frontera terrestre con Marruecos. Por ello, las relaciones entre ambos países son muy importantes no solo a nivel nacional sino también dentro del marco europeo. Estas vienen marcadas por la existencia de conflictos cíclicos, la rivalidad entre Marruecos y Argelia por la hegemonía regional y por la competencia entre Francia y España por ejercer su influencia en el Magreb.
Numerosas cuestiones que afectan a las relaciones con Marruecos son parte de la política nacional española, además de cuestiones pertinentes a las relaciones internacionales (la inmigración, el Sáhara Occidental, las posesiones españolas en el norte de África, la amenaza terrorista y el tráfico de drogas, entre otras).
España ha dedicado un gran esfuerzo diplomático a su relación con Marruecos. No obstante, durante los últimos años, las relaciones hispano-marroquíes han seguido un patrón de amor-odio que ha dado como resultado un movimiento que oscila entre las muestras de amistad y buena vecindad hasta situaciones de alta tensión. Sin embargo, esas muestras de amistad –representadas, sobre todo, entre los anteriores reyes Juan Carlos I y Hassan II– han disminuido considerablemente, siendo sustituidas por acciones rupturistas como la acogida de Brahim Gali, seguida de la crisis migratoria de Ceuta, la cuestión del Sáhara y su crisis política, la crisis energética, y la militar.
Inmigración
La inmigración, en concreto la marroquí, siempre ha sido punto de mira en las agendas políticas españolas y en los planes de acción de diversas ONG y se ha tratado de manera efectiva. Sin embargo, a día de hoy, España se encuentra ante la mayor crisis migratoria vivida con Marruecos. Todo comienza en abril de 2021 debido a la hospitalización en Logroño, España, de Brahim Ghali, el mayor representante del Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui. A raíz de este evento, las relaciones diplomáticas España-Marruecos se deterioraron hasta el punto de que el país norteafricano decidió reducir la supervisión y el control de seguridad en la frontera con Ceuta, permitiendo así que miles de migrantes procedentes de Marruecos accedieran a la ciudad española, en su mayoría en condiciones muy precarias. Se estima que unas 12.000 personas, entre ellas muchos adolescentes, cruzaron de manera ilegal la frontera. Se trata de uno de los momentos más difíciles vividos en la historia reciente de la ciudad autónoma.
Este evento trajo consigo una gran crisis diplomática entre ambos países que parece haber sido zanjada este año 2022 debido al apoyo mostrado sobre la posesión del Sáhara por parte del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, un año después de que comenzaran las tensiones. A pesar de ello, el movimiento migratorio no ha hecho más que aumentar: cuando se cumplía un año del momento de la crisis habíanaccedido a España alrededor de 50.000 inmigrantes marroquíes de manera ilegal, a través de la ciudad de Ceuta o asaltando la valla de Melilla. Es precisamente esta última ciudad autónoma la que ha sufrido en 2022 su mayor asalto de inmigrantes, caracterizados esta vez por mostrar gran violencia contra los cuerpos policiales españoles, algunos de los cuales dejaron heridos.
La pregunta que surge de esta situación es: ¿por qué Marruecos ha decidido redoblar la presión migratoria contra España en un contexto internacional de guerra? Según algunos expertos en seguridad y defensa, mientras que España y toda Europa ponen el foco en el conflicto Rusia-Ucrania, Marruecos aprovecha para generar tensiones en las ciudades autónomas españolas con un único objetivo: ahogarlas económicamente. La entrada descontrolada de miles de inmigrantes marroquíes supone el nacimiento de un estado de máxima tensión y provoca un daño muy localizado en el área de interés del Rabat, evitando que afecte al conjunto de la Unión Europea.
La creciente desatención internacional sobre el problema migratorio juega a favor de Marruecos, que busca incrementar los problemas internos españoles para tener más influencia sobre el país, y conseguir disminuir la dependencia que tiene el norte de Marruecos de Ceuta y Melilla.
Por otro lado, también hay quien apunta a que esta estrategia de presión no es más que otro intento por parte del gobierno marroquí de que España consolide su posición con respecto al conflicto del Sáhara Occidental.
Finalmente, otros expertos destacan cómo la actitud de España con respecto a Marruecos recuerda en parte a la que ha mantenido la Unión Europea respecto a Rusia. El país vecino, tiene un perfil «estremecedoramente similar» al ruso. Esto se debe a que tanto Rusia como Marruecos conocen bien las debilidades de la UE y España, respectivamente, y ejercen medidas duras. Por lo tanto, España deberá actuar con toda precaución, presentar ideas claras y no caer ante la presión ejercida para evitar futuros conflictos con el país norteafricano y elevados costes por culpa de situaciones imprevistas.
Capacidad militar
La capacidad militar de un país es la suma de muchos factores. Esta capacidad no se basa únicamente en la cantidad y la calidad de armas y equipos disponibles, ni en el número de efectivos desplegados. También es importante tener en cuenta el nivel de formación de los ejércitos, la cantidad y el tamaño de sus aliados, así como un factor que parece ser muchas veces olvidado: la voluntad política de sus líderes para usar, y en qué, las capacidades militares disponibles, un aspecto íntimamente ligado al apoyo popular del que gozan los líderes.
Marruecos, en este sentido, ha estado invirtiendo fuertemente en su poder militar durante la última década, modernizando y expandiendo significativamente las capacidades de las fuerzas armadas y forjando fuertes alianzas con actores estratégicos líderes, como Estados Unidos e Israel. El creciente reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, especialmente a raíz del realizado por Donald Trump, es prueba de su éxito.
Este considerable esfuerzo diplomático y presupuestario incluye también medidas como la reactivación del servicio militar obligatorio, un detalle indicativo de la seriedad del rearme marroquí.
Con todo ello, Rabat ha conseguido una posición de fuerza en su enfrentamiento con Argelia, país apoyado por Moscú. Y no sólo con vistas al Sáhara Occidental, sino a su conversión en potencia regional.
Además, Israel y Marruecos ya han puesto en marcha un proyecto que ha llevado a Rabat a fabricar drones militares. Incluso se barajó también la posibilidad de construir bases militares cerca de Melilla, en concreto en la localidad de Afsó, a 50 km de la ciudad autónoma, muy cerca del aeropuerto de Monte Arruit.
Por otro lado, en España se puede apreciar una importante pérdida de capacidad, debido a una clara falta de inversión (que ya ha sido señalada por aliados internacionales pertenecientes a la OTAN). Según los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (PGE), España invertirá 10.155,26 millones de euros. Este presupuesto parece no ser suficiente, ya que se ha producido un incumplimiento en los planes de renovación de material obsoleto, los cuales han sido aplazados por una década. No obstante, recientemente se ha aprobado la subida en el presupuesto de defensa.
Entre las adversidades a las que se enfrenta el cuerpo militar español podemos destacar: la pérdida de la capacidad estratégica de repostaje en vuelo; la pérdida de capacidades antisubmarinas en la Armada y el Ejército del Aire; la baja no recuperada de medios aerotransportados de guerra electrónica; la pérdida de la artillería lanzacohetes; la no renovación de la artillería autopropulsada; la grave amenaza que supone la pérdida de la aviación de combate embarcada; la necesidad de actualización del parque de carros de combate; el retraso en la selección y puesta en servicio del nuevo blindado 8x8; la eternamente atrasada dotación de baterías de misiles para defensa de costas; la insuficiente dotación de munición y misiles; la necesidad de modernizar y/o sustituir la práctica totalidad de los medios de defensa antiaérea, desde los misiles NASAMS, Hawk, Mistral y Patriot (adquiridos de segunda mano a Alemania), etc. La conveniencia de renovación de material se ve remarcada por el hecho de que, en incontables casos, fue fabricado antes de que nacieran los militares que lo manejan.
A pesar de que a nivel global las capacidades españolas siguen manteniendo ventaja y se destacan la gran labor de profesionalidad y entrenamiento de las fuerzas armadas, estos puntos fuertes corren peligro de debilitarse durante los próximos años si no se toman medidas correctoras (innovación, modernización, etc.).
En conclusión, el hecho de que haya coincidido en el tiempo la mejora de las capacidades militares de nuestros vecinos norteafricanos con la pérdida de capacidades militares propias ha supuesto una amenaza seria en el ámbito militar, a lo que se suman las continuas tensiones políticas.
El Sáhara Occidental
Una de las cuestiones que mejor ha reflejado el lado conflictivo de las relaciones entre España y su vecino del sur en las últimas cuatro décadas es el conflicto del Sáhara Occidental. La soberanía de esa antigua colonia española está en disputa entre Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (Frente Polisario). Este invoca su legítima lucha por la autodeterminación del territorio, mientras que Marruecos califica esa organización de movimiento “separatista”; Marruecos controla la mayor parte del territorio desde 1975 y es considerado “ocupante” por el Frente Polisario. La cuestión sufre un prolongado bloqueo, resultado de dos conflictos de larga duración y de difícil solución. Uno es el choque del nacionalismo marroquí con el saharaui y, aunque hace tiempo que cesaron las mayores hostilidades armadas, no han desaparecido los efectos del sufrimiento mutuo, más evidente en la parte saharaui. El otro conflicto es la competencia entre Marruecos y Argelia por la hegemonía en el Magreb, reflejado en unas relaciones bilaterales manifiestamente mejorables.
La mayor parte de la opinión pública y diversas fuerzas políticas españolas apoyan, de un modo u otro, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, tal como ha sido establecido por la ONU. Muchos españoles consideran que España tiene una responsabilidad histórica y moral con los saharauis por haberse retirado apresuradamente de la antigua colonia en febrero de 1976 sin antes haber permitido la autodeterminación, a la cual el pueblo saharaui tenía derecho según el derecho internacional. La existencia de un amplio movimiento de solidaridad con la causa saharaui ha dado lugar a fricciones periódicas entre España y Marruecos. Los sucesivos gobiernos han tratado de evitar que estas contaminen al conjunto de la relación bilateral, expresando durante décadas su plena adhesión a las resoluciones de la ONU, al tiempo que mantenían una posición de “neutralidad activa” en sus relaciones con las partes implicadas.
No obstante, esta neutralidad se ha acabado. En medio de una guerra, con los precios descontrolados y sin previo aviso, Pedro Sánchez dio el 18 de marzo un giro de 180 grados a la posición histórica de España con respecto a la soberanía del Sahara Occidental. En una carta al rey Mohamed VI, cuyo contenido fue divulgado por Rabat y no por Moncloa, Sánchez trasladó que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Dicha iniciativa, que se sometería a referéndum previo, prevé ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura, entre otros ámbitos, para la antigua colonia española mientras que se reserva ámbitos clave como defensa, relaciones exteriores o religión para el control directo del rey Mohamed VI.
Esta decisión ha supuesto para Pedro Sánchez numerosas críticas, tanto por parte de los socios de gobierno, quienes se han desmarcado por completo de esta nueva postura, como por parte de la oposición. Esta falta de cohesión interna bien puede ser percibida por Marruecos y Argelia como una muestra de inconsistencia y debilidad de la posición española que ambos países podrán tratar de explotar en el futuro. Además, el cambio de postura del gobierno socialista ha recibido las críticas del frente Polisario, cuyo delegado en España, Abdulah Arabi, ha afeado que no se les haya avisado de antemano de este giro. En su opinión, Sánchez “sucumbe ante la presión y el chantaje” de Marruecos al avalar dicho plan como “peaje” para retomar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países.
Se trata, en suma, de un giro fundamental en la política exterior de España, adoptado sin debate ni acuerdo alguno en el ámbito interno español, contrario a los valores de España, pues se sitúa, en este asunto, al margen del Derecho internacional y también, contrario a sus intereses nacionales, pues no se logra obtener de Rabat ninguna garantía respecto de la integridad territorial de España.
Así, igual que Rabat no fue informado de la llegada del dirigente saharaui, Argel tampoco fue avisada de la nueva postura del Gobierno respecto al Sáhara. Pese a lo delicado de la situación, tanto Sánchez como su ministro de Exteriores han indicado que no está en su agenda un viaje a Argelia. En una conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su último viaje a Rabat, Sánchezx sostuvo que la situación de la relación es “razonable”.
No obstante, quien sí ha viajado a Argelia ha sido Mario Draghi, quien siendo primer ministro italiano se desplazó a Argel en julio en el marco de los esfuerzos renovados de Italia para diversificar sus fuentes de energía. Su visita sucedió a la realizada a finales de febrero, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, por el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, quien estuvo acompañado por el consejero delegado de la empresa energética ENI, Claudio Descalzi.
