Fallan los últimos intentos de cerrar el acuerdo Mercosur-UE

La ventana de tiempo para concluir y firmar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, el cual incluye un ambicioso acuerdo comercial, parece haberse cerrado. Las protestas de agricultores en los países de la UE evidencian un malestar que sus gobiernos no pueden agrandar abriendo la compuerta a los productos sudamericanos. Si ya varias capitales, singularmente París, habían insistido antes en bloquear el acuerdo, el presidente francés fue taxativo en su visita en marzo al principal valedor del texto, el brasileño Lula da Silva. Macron pidió negociarlo “desde cero”.

Fue considerado el acuerdo comercial más importante del mundo. El 28 de junio de 2019, después de más de 20 años de negociaciones, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) finalmente concertaron un Acuerdo de Asociación entre ambas entidades supranacionales. Solamente quedaban algunos detalles antes de que el texto pasara a los parlamentos de los respectivos países para su ratificación. Desde entonces, sin embargo, no ha habido avances y los cinco años transcurridos echan tierra sobre un documento del que cada vez los distintos gobiernos marcan más distancias.

El Acuerdo de Asociación preveía tres pilares. El principal y más difícil de consensuar, en el que la negociación ha quedado encallada, es el referente al aspecto comercial; los otros dos –diálogo político y cooperación– presentan menos problemas. Es posible que, detenido el primer punto, separadamente se impulse algún tipo de convergencia entre ambos bloques en los otros dos puntos, si bien el resultado quedaría muy por debajo de las aspiraciones.

En su día, el preacuerdo comercial fue saludado con grandes parabienes. Iba a convertirse en el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pues involucraba a 31 países. Estos sumaban 720 millones de personas y representaban aproximadamente el 20% de la economía mundial. A estas cifras hay que añadir las que aporta Bolivia, que recientemente se ha incorporado de modo pleno al club formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

En el momento de pactar el preacuerdo, el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro calculaba para su país un aumento del PIB de casi 70.000 millones de dólares en un lapso de 15 años. A lo que se le sumaba un crecimiento exponencial de alrededor de 78.000 millones de dólares hasta 2035 en las exportaciones brasileñas a la Unión Europea. Pero la mala praxis del presidente brasileño en lo que compete al Amazonas, dio pie a Europa, en un movimiento liderado por Francia, a agregar exigencias ambientales a lo firmado en 2019, que estipulaban sanciones para los países que no alcanzaran los objetivos climáticos propuestos en los Acuerdos de París.

Vista por muchos observadores como una excusa –al menos como algo que distraía de la principal reticencia francesa, centrada en el impacto que el acuerdo podía tener en su sector agrícola–, la cuestión medioambiental ocupó las discrepancias públicas expresadas desde Europa.

El ahora mandatario Lula da Silva ha hecho de la preservación del Amazonas un punto focal de su presidencia. Ha desarrollado esfuerzos como relanzar su Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía o la utilización de tecnología de última generación para el control y la preservación de miles de hectáreas de selva. Y aunque desde su llegada a Brasilia, la pérdida de árboles en la Amazonía brasileña se ha reducido un 39%, Francia sigue reclamando garantías medioambientales.

El regreso de Lula había sido interpretado en realidad como el impulso que necesitaba el acuerdo Mercosur-UE para ser finalmente cerrado con éxito. El propio dirigente brasileño tomó la presidencia de turno de Mercosur que le correspondía a lo largo de 2023 como la gran oportunidad para ello, e hizo todo lo posible para que la cumbre que el grupo iba a celebrar a finales de año fuera el escenario para el anuncio del acuerdo definitivo. Eso no fue posible y el proceso se dio simbólicamente por finiquitado en la visita que el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo a Brasil en marzo de 2024. “El acuerdo con el Mercosur es un acuerdo terrible tal y como se está negociando ahora. Este acuerdo se negoció hace 20 años. No defiendo este acuerdo. No es lo que queremos”, dijo Macron, quien planteó renegociarlo todo “desde cero”.

Inquietudes cruzadas

La principal inquietud expresada desde ambos lados del Atlántico en las negociaciones mantenidas durante estos años se refiere a aquello en lo que la otra parte parece tener una evidente ventaja. Mercosur es una potencia agropecuaria que puede inundar el mercado europeo con productos más baratos y no sujetos al gravamen de los estándares que la UE obliga a aplicar a sus agricultores y ganaderos. Por su lado, los productos industriales europeos, de avanzada tecnología y alto valor añadido, pueden arrinconar a las manufacturas sudamericanas en sus propios mercados si se eliminan o reducen sustancialmente los aranceles.

Junto a esto están, por un lado, la legislación medioambiental y las normas laborales, menos exigentes en Sudamérica y que en cambio sí deben aplicarse en los sectores productivos europeos; por otro, las certificaciones y normas técnicas que los productores sudamericanos se verán obligados a incorporar si desean vender en la UE, o la anulación de ciertas protecciones locales –en el terreno industrial o de concursos públicos­– que hoy aplican los gobiernos sudamericanos, de economías más cerradas, especialmente Brasil y Argentina.

El aspecto de fondo más disputado, en cualquier caso, es el agrícola, por la movilización social que puede suponer un empeoramiento de las condiciones de vida de los agricultores europeos. La política agraria ha sido siempre una cuestión nuclear en la UE. En países como España o Portugal el riesgo se ha minimizado políticamente por el deseo de una mayor vinculación económica con Iberoamérica, pero otros países como Irlanda y Polonia, además de la más combativa Francia, han expresado su preocupación. Las protestas de los últimos meses de los agricultores en varios estados europeos –no motivadas por la perspectiva de acuerdo con Mercosur, aunque el asunto se ha mencionado explícitamente en algunas marchas– han venido a paralizar cualquier intento de aproximación final con Mercosur. Así lo han reconocido Argentina y Paraguay.

Si bien la elección de Javier Milei puso en la Casa Rosada a alguien más abierto al libre comercio de lo que había sido el gobierno peronista previo, su Gobierno se está adaptando ya a la nueva situación. La canciller argentina, Diana Mondino, ha manifestado que tal vez tendrá que optarse por una negociación fraccionada del acuerdo, buscando consensos en áreas específicas, dejando de lado la comercial y apostando por los otros dos pilares: cooperación y diálogo político. “La situación de buscar algo óptimo y que deje feliz a todas las partes no sé si será posible y tal vez terminemos teniendo que fraccionar en varios pedazos lo que podría haber sido un acuerdo integral”, señaló Mondino en una visita realizada en febrero a París.

Una aprobación faccionada simplificaría los trámites, pues el pilar comercial podría ser aprobado directamente por la UE sin necesidad de su ratificación en los parlamentos nacionales (algo sí obligado en los otros dos pilares), pero eso no significa que la negociación comercial fuera a ser más fácil, pues las objeciones puestas desde Europa seguirían vigentes.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, que encabeza este año de Mercosur, ha indicado que su país prefiere ya dejar a un lado esa firma no alcanzada con la UE para centrar los esfuerzos en posibles acuerdos comerciales que sí puedan salir adelante. Sin querer oficialmente pasar página del todo, el grupo pretende dar prioridad a negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), comprendida por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, o los Emiratos Árabes Unidos. También se mantienen activas las negociaciones con Canadá, Japón y Corea del Sur.

Por su parte, Uruguay continúa tanteando relaciones comerciales con China, ignorando por completo el compromiso de los estados miembros de Mercosur de negociar en conjunto con países externos, algo que ha venido frustrando al presidente Luis Lacalle Pou.