En la imagen
En el mapa de la izquierda, la línea roja es la delimitación establecida por la CIJ en 2012; la amarilla marca la petición que originalmente hacía Nicaragua; el mapa de la derecha indica la tradicional soberanía marítima colombiana [CIJ y Gob.Col.]
Informe SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, SRA 2023 / Versión del artículo en PDF
° Bogotá no reconoce la sentencia de 2012 que, aunque ratificó su soberanía sobre las islas y cayos en discordia, restringió sus aguas territoriales nacionales.
° En abril de 2022 la CIJ dijo que Colombia estaba violando con sus patrullajes los derechos soberanos de Nicaragua y pidió que cesara la intrusión pesquera colombiana.
° La diferente medición en la que Nicaragua basa sus exigencias y la ambigüedad interpretativa de alguna disposición de la CIJ prolonga la inquietud en las islas.
Las islas de San Andrés y Providencia (y la de Santa Catalina, junto a esta última) viven del turismo más que de la pesca. Los últimos problemas de conexión aérea con el territorio continental de Colombia suponen la mayor inquietud del archipiélago, que se encuentra en pleno mar Caribe, más cerca de Nicaragua que de la costa sudamericana. De todos modos, la pesca aporta el sustento de una parte de la población y la larga disputa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre hasta dónde alcanza la soberanía colombiana en torno a estas islas y los cayos cercanos (Alburquerque, Roncador, Serrana, Bajo Nuevo, Quitasueño y Serranilla) complican una actividad que las patrulleras colombianas tienen difícil garantizar.
El 30 de noviembre de 2022, varios hombres presumiblemente de nacionalidad nicaragüense, armados con fusiles AK-47, asaltaron de madrugada un barco pesquero en una zona próxima al cayo Quitasueño, que al parecer los agresores utilizaban como base para sus robos de pesca. Precisamente la sentencia de 2012 dejó los cayos de Quitasueño y Serrana aislados, rodeados de aguas territoriales nicaragüenses, aunque juristas colombianos interpretan que cabrían establecer un pasillo de aguas soberanas que los conecte con el resto del área colombiana caribeña.
Los incidentes, aunque no cotidianos, se repiten. Unos meses antes, pescadores de Providencia fueron hostigados en plena faena, mientras que la guardia costera de Colombia detecta pesca ilegal nicaragüense. El 29 de octubre de 2021 se anunció la incautación de más de una tonelada de pesa a cuatro embarcaciones procedentes de Nicaragua.
Petro vs Ortega
El procedimiento en marcha en la CIJ, que tuvo en diciembre de 2022 su inicial audiencia pública, trata de zanjar la delimitación de la jurisdicción marítima de cada país. En 2013 Nicaragua presentó una demanda para prolongar su soberanía más allá de las 200 millas náuticas, alegando que su plataforma continental tiene una mayor prolongación. Asegura que su petición está acogida tanto por lo previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como por el derecho consuetudinario. Colombia niega esto último y además recuerda que no es firmante de la Convención, por lo que esta no le obliga.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha acogido con incomodidad esta disputa. Cuando aún era candidato a la presidencia, Petro estuvo cargando la culpa a los gobiernos previos por no haber sabido defender la soberanía sobre todo el área marítima que antes de 2012 internacionalmente se reconocía a Colombia. Así, en abril de 2022, el candidato del Pacto Histórico afirmó: “La Corte de la Haya prohíbe la actividad pesquera de los raizales en el mar que ya fue excluido de nuestra Nación. Y nos prohíbe toda actividad como país en ese mar que era nuestro. El uribismo le hizo perder soberanía a Colombia”, culpando con ello al gobierno de Álvaro Uribe por el resultado en la Corte y no al país demandante. Ya como presidente, en septiembre también culpó a sus cuatro antecesores, pero pronto tuvo que incorporar el asunto en su gestión de gobierno para hacer valer él mismo los intereses nacionales colombianos y comenzó a dirigir sus ataques contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. “Ortega nos está quitando el mar», dijo en noviembre.
La izquierda colombiana confiaba en que al llegar al poder podría establecer un diálogo constructivo con Ortega en relación con las disputas por la soberanía sobre sus aguas territoriales adyacentes en el Caribe, pero cuando finalmente Petro ha alcanzado la presidencia ocurre que el régimen nicaragüense ha avanzado tanto en su perfil de dictadura grotesca que hace difícil un acercamiento. En la situación enrocada en la que se encuentra Ortega, cualquier posible avance nacionalista constituye una tabla de salvación ante la propia opinión pública.
Herencia histórica
Cuando se mira el mapa de extensión marítima de Colombia sorprende su amplitud y su forma: cómo sus aguas atenazan las de Panamá. La explicación radica en la estructura territorial del Imperio Español: por un lado, a la sede del Virreinato de Nueva Granada, que estaba en Bogotá, se le adjudicaron islas que estaban próximas a Centroamérica, un territorio políticamente menos importante pues dependía del Virreinato de Nueva España, con sede en Ciudad de México; por otro lado, Panamá fue regido desde Bogotá hasta que, casi un siglo después de las independencias hispanoamericanas, alcanzó su propia independencia.
A lo largo del tiempo, Colombia ha ido acordando con varios países su delimitación marítima, como con Panamá, Costa Rica y Honduras, así como con Jamaica, con quien estableció un área de régimen común entorno a los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo. Sin embargo, la mayor fricción ha sido históricamente con Nicaragua, pues el archipiélago de San Andrés y Providencia se encuentra a 150 millas náuticas de la costa nicaragüense (y casi 500 millas de la del noroeste de Colombia), entrando en colisión con el derecho habitual de soberanía sobre 200 millas.