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Funeral de Shinzo Abe, en julio de 2022 [Gob. de Japón]
Medio año después del asesinato de Shinzo Abe –había dejado de ser primer ministro en 2020, pero seguía liderando el empuje para un cambio constitucional que permitiera a Japón mayores capacidades militares–, el Gobierno japonés sigue dando pasos para una mayor asertividad nacional frente a posibles acciones de China en el entorno asiático. La guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto aún de mayor relieve la tensión entre China y Taiwán, y eso está influyendo en la opinión pública japonesa. Pero las reticencias a modificar el polémico artículo 9 de la Constitución siguen siendo altas, y al ‘premier’ Kishida le falta el liderazgo de su antecesor.
La invasión rusa de Ucrania ha aumentado los temores sobre una acción de China contra Taiwán y eso llevado al gobierno de Japón a acelerar sus planes para aumentar las capacidades de defensa del país. Desde el comienzo de la guerra, el primer ministro Fumio Kishida ha empujado hacia una política exterior más asertiva, especialmente en materia de defensa. En los últimos días ha habido dos anuncios de gran importancia: el compromiso de Kishida de elevar al 2% del PIB el gasto militar (desde el 1% actual), en la línea del objetivo marcado por la OTAN, de la que Japón no es miembro, y la aceptación por parte de la Administración Biden de vender a Tokio varios cientos misiles de crucero Tomahawk. Doblando el presupuesto de defensa –un propósito a realizar en cinco años–, Japón se convertiría en el tercer país del mundo con mayor gasto militar, tras Estados Unidos y China.
Pero Kishida no tiene asegurado poder dar ese salto en las capacidades militares. De entrada, porque no está claro cómo podrá cubrir el esfuerzo financiero que eso supone. Según los planes del gobierno, un cuarto del gasto adicional vendría aportado por el aumento del impuesto de sociedades, pero eso podría poner en dificultad a un sector productivo en recuperación desde el estrés de la pandemia. Una medida fiscal excesiva puede crear división dentro del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) e incluso sacudir la silla del propio primer ministro.
Pero, además, el esfuerzo de Kishida se enfrenta a una dificultad de fondo: la falta de consenso político y social sobre la reforma del artículo 9 de la Constitución, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial limita la actuación de Japón en materia militar. Ese artículo impone renunciar a la guerra y al uso de la fuerza como medio de resolver disputas internacionales. En sus dos puntos, dice lo siguiente:
“ARTÍCULO 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. (2) Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”.
A lo largo de sus ocho años de gobierno entre 2012 y 2020 (también fue primer ministro de 2006 a 2007), Shinzo Abe tuvo como objetivo ensanchar la soberanía japonesa en este campo, primero ampliando el margen que ese texto deja a las autoridades japonesas (en 2014 se procedió a una interpretación menos taxativa, para permitir una acción militar ofensiva en el caso de que un aliado fuera atacado), y luego promoviendo una reforma constitucional para enmendar el controvertido artículo 9. El asesinato de Abe el 8 de julio de 2022 durante un acto electoral (había dimitido dos años antes por motivos de salud) dejó al PLD con un liderazgo débil y en la dificultad de llevar a cabo el complicado propósito de reforma constitucional. A Abe le sucedió brevemente como primer ministro Yoshihide Suga y en octubre de 2021 se hizo cargo del puesto Fumio Kishida.
El periodo de gobierno de Abe fue internacionalmente conocido por un programa económico que tenía el propósito de revivir la economía japonesa y por la estrategia de un Indo-Pacífico Libre y Abierto, que en parte se concretó en la formación del grupo Quad. En la política nacional, Abe también se singularizó por su insistencia en cambiar el artículo 9, alegando que se trataba de una formulación obsoleta que hace de Japón un país vulnerable frente al poder militar de países cercanos, como China o la crecientemente amenazante Corea del Norte. Abe fue capaz de sacar adelante una legislación que permite a las Fuerzas de Autodefensa de Japón combatir con sus aliados en el exterior, pero no tuvo tiempo de ir más allá, ante la resistencia de la opinión pública japonesa.
Sin el empuje de Abe, en sus primeros meses Kishida apenas pudo dar pasos en la dirección marcada; sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania puede estar cambiando la actitud de la población, pues hace creíble un ataque de China sobre Taiwán e incluso un mayor expansionismo chino. Abe había advertido de que, por su proximidad e intereses en la región, Japón sería arrastrado militarmente en caso de que China invadiera Taiwán. “Una contingencia en Taiwán”, había dicho el asesinado primer ministro, “es una contingencia en Japón”. Kishida se comprometió con ese legado de Abe en el funeral del anterior ‘premier’.
La adopción de una mayor asertividad militar sigue siendo impopular, pero el rechazo se ha ido reduciendo. En 2020, el 72% de los japoneses no veía necesaria la reforma del artículo 9, mientras que un 22% la defendía. Pero tras la agresión rusa en Ucrania, los ciudadanos que apoyan que Japón tenga capacidades de “contragolpe” constituyen ahora el 60% de la población, frente al 37% de dos años antes.
Con todo, las reticencias siguen siendo altas y eso se traduce en la falta de un amplio consenso político sobre la reforma constitucional en el Parlamento. Japón no tiene previsto celebrar elecciones generales hasta 2025, de forma que el partido gubernamental tiene casi tres años para intentar alcanzar un acuerdo al respecto, con el hándicap, no obstante, de una baja popularidad de Kishida (23%). El PLD ha propuesto mantener la primera cláusula del discutido artículo, por la cual Japón cede su derecho soberano a participar en la guerra y renuncia a la amenaza del uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales. En la segunda cláusula desearía introducir una definición más precisa y legitimadora del papel las Fuerzas de Autodefensa, con el fin de acabar con los debates sobre los límites y la constitucionalidad de esas fuerzas y permitir a sus miembros el pleno ejercicio de sus funciones con orgullo.
En su deseo de reforma constitucional, el PLD está en conversaciones con tres partidos menores que apoyan algún tipo de modificación, si bien no coinciden plenamente en las cuestiones más controvertidas. Los cuatro partidos cuentan con supermayoría en las dos cámaras del Parlamento, pero un consenso en el que no participe el principal grupo opositor, el Partido Democrático Constitucional (PDC), que ha rechazado las iniciativas promovidas en ese sentido por Abe, podría restar aceptación popular al nuevo texto. Esto ha causado que algunos cuadros del PLD duden sobre la conveniencia de forzar la reforma.
La guerra en Ucrania ha planteado escenarios que en muchos aspectos no se creían posibles. Cualquier movimiento hostil de China en su entorno asiático puede convulsionar la sociedad japonesa. No obstante, la mayor parte de la población sigue sin acoger un efectivo cambio constitucional, ante el temor de abrir las puertas al militarismo. La propia Constitución, en su artículo 96, impone barreras para su reforma, añadiendo dificultades en su propósito al sucesor de Abe.