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Migrantes haitianos, esperando la gestión de su caso por parte de las autoridades fronterizas estadounidenses [P. Valtierra/Cuartoscuro/Amnistía Int.]
El principal termómetro de la migración desde Sudamérica hacia Estados Unidos es el Tapón de Darién, el cuello de botella que restringe el paso desde Colombia a Panamá. Una concentración de migrantes ahí preanuncia una ola de presión sobre la frontera sur de EEUU, que se suma a la que pueda generarse desde Centroamérica. A mediados de 2021 se registró en Darién una llegada récord de haitianos, lo que supuso poco después un episodio de crisis en la frontera de Texas. La férrea política migratoria mantenida por la Administración Biden y la colaboración de México en intentar cortar el flujo de migrantes han propiciado que la presión haitiana en el Tapón de Darién se haya reducido a niveles previos.
La migración haitiana y su redistribución a lo largo del continente americano ha sido una constante dentro de la complicada ecuación que suponen los flujos migratorios en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, tras la relajación de las medidas de restricción a la movilidad que se habían establecido por la pandemia de Covid-19, 2021 registró cifras récord de desplazamientos migratorios. La diáspora haitiana esparcida a lo largo del continente se convirtió en el principal actor de un nuevo episodio de éxodo masivo en la región, ya no desde Haití como sucedió en 2010, sino desde países que han acogido a los haitianos en condición de refugiados en la última década. Esta crisis comprende un trayecto intercontinental en dirección a EEUU que se concentra en tres distintas fronteras internacionales (fronteras EEUU-México, México-Guatemala y Panamá-Colombia) y que desencadenó una crisis regional en la gestión de dichos flujos principalmente impulsados por los efectos de la pandemia en la economía latinoamericana.
El progresivo asentamiento de la diáspora haitiana en Sudamérica tiene un claro origen en los estragos ocasionados por el conocido terremoto de 2010 en Puerto Príncipe, que según datos oficiales dejó un saldo de más de 316.000 muertos, 350.000 heridos, 1,5 millones de damnificados sin hogar y un país con escasas capacidades de recuperación. La ONU estimó que producto del sismo cerca de 4 millones de haitianos entraron en un estado de inseguridad alimentaria, lo que forzó a cerca de 2 millones de isleños a emigrar, muchos de ellos con la mirada puesta en Estados Unidos y la promesa del sueño americano. Sin embargo, la falta de opciones para viajar a EEUU llevó a miles de haitianos a buscar refugio en otros países. Brasil y Chile se establecieron como los destinos preferidos de los haitianos: por un lado, Brasil, que se encontraba en plena preparación del Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y requería por tanto una extensa mano de obra; por otro, Chile, debido al perfil dinámico de su economía en términos macroeconómicos. De esta forma, las principales diásporas haitianas estaban formadas, para cifras de agosto de 2020, por más de 143.000 migrantes en Brasil y alrededor de 175.000 en Chile. Ambos grupos alimentaron en 2021 el peligroso trayecto transamericano rumbo a EEUU.
La principal causa de la fuga haitiana se debió a los efectos que tuvo la pandemia en Latinoamérica. En una región donde el 58% de los trabajadores tiene un empleo informal, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los efectos de la pandemia golpearon a la sociedad latinoamericana con especial fuerza: según el informe de marzo de 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente; la pandemia supuso un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región. América del Sur en 2020 registró un crecimiento económico negativo del 6,6%, con una caída de la economía brasileña del 4.1% y del 5.8% en el caso de la chilena. En ambas naciones los haitianos se desempeñaban principalmente en el mercado informal y se vieron afectados por las restricciones a la movilidad impuestas durante la pandemia. Sobre este punto, Sibylla Brodzinsky, portavoz para las Américas de ACNUR alertó que ese impacto en las economías también trajo consigo “un incremento de incidencias de discriminación y xenofobia”, por lo tanto se convirtió en una razón más para emprender la huida a Estados Unidos.
A esto se suma la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca con promesas de mayor empatía hacia la situación de los migrantes que a la frontera estadounidense. Tras el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, Biden anunció la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a 55.000 haitianos y permitió que otros 100.000 se acogieron a dicho programa, que garantiza residencia y permiso de trabajo. La medida, que benefició a haitianos que habían logrado entrar al país antes del 29 de julio de 2021, también incluía normas de expulsión o remoción para aquellos que llegasen después de esa fecha. Estas remociones tomaron especial trascendencia bajo el conocido Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), que ha permitido restringir la entrada de extranjeros a EEUU por vía terrestre por motivos sanitarios, cerrando la frontera para actividades no esenciales, incluidas las tramitaciones de asilo o refugio. Incluso, la normativa autorizaba a los agentes fronterizos a la deportación inmediata de extranjeros indocumentados, expulsando a más de 940.000 indocumentados en el año fiscal estadounidense de 2021. Se trata de una política denunciada por organismos internacionales como “incompatible con el derecho internacional”, de acuerdo con palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
La problemática se agudizó tras la llegada a finales de septiembre de 13.000 haitianos a la ciudad de Del Río, Texas, donde se mantuvieron acampando debajo del puente fronterizo entre Del Río y Ciudad Acuña (Coahuila, México) a esperas de un proceso de entrada al país que nunca llegó. En cambio, Estados Unidos organizó alrededor de 17 vuelos para deportar a más de 2.000 haitianos de regreso a Haití y no a sus países de origen donde venían residiendo hace varios años. Los vuelos de retorno fueron fuertemente criticados por las denuncias de que muchos migrantes han sido obligados a la fuerza a abordarlos. El resto de migrantes se trasladaron a México confiando en un pronto cambio de la política migratoria estadounidense. De hecho, una buena parte de los haitianos que se dirigían a EEUU permanecieron concentrados en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, donde, tras el caos en Del Río, las autoridades mexicanas habían instalado retenes para impedir que más personas continuaran en su trayecto hacia el norte.
