Mulino y Trump
La llegada de José Raúl Mulino a la presidencia de Panamá en julio de 2024 marcó un punto de inflexión, aún moderado. Su campaña electoral se centró en promesas de “cerrar el Darién” y contener el flujo migratorio mediante deportaciones masivas, una estrategia destinada, según el gobierno, a desincentivar a los migrantes de usar esta ruta. Nada más asumir su cargo, el nuevo presidente firmó con EEUU un programa financiado por el Departamento de Estado norteamericano para deportar a migrantes que llegaban a Panamá tras atravesar el Darién, respondiendo con ello a la creciente presión política ejercida desde Washington para frenar la migración irregular.
Con la reelección de Donald Trump los esfuerzos de colaboración se redoblaron. Así, en las primeras semanas de Trump en la Casa Blanca, el Servicio Nacional de Migración panameño ejecutó siete vuelos de expulsión y deportación en colaboración con Estados Unidos, lo que resultó en una disminución histórica del 94 % en el ingreso de migrantes irregulares a Panamá en enero de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, según destacó el SNM en sus redes sociales. Ya el mes anterior, con Trump victorioso electoralmente pero sin haber entrado aún en la Casa Blanca, la reducción de entradas efectivas en Panamá había descendido un 80% respecto a diciembre de 2023. El temor a las políticas especialmente restrictivas anunciadas por Trump previno a muchas personas de emprender el camino hacia EEUU, y las que aun con todo se pusieron en marcha tuvieron que afrontar el riesgo de las repatriaciones operadas por las autoridades de Panamá.
El propio Mulino ha declarado “cerrado” el paso del Darién, tanto por el claramente menor volumen de personas que llegan desde Colombia como por el consecuente cierre de las estaciones de recepción de migrantes establecidas a la salida de la selva. Los migrantes ‘reversos’ ya no atraviesan el difícil paso, ya que no deben avanzar en clandestinidad como en su viaje de ida, sino que en el regreso toman embarcaciones en Panamá para salvar el golfo de Urabá y llegar a Colombia.
A las deportaciones que hace el gobierno panameño desde su territorio se han sumado las que desde EEUU lleva a cabo la Administración Trump, remitiendo a Panamá migrantes de muy diversas nacionalidades que luego el país centroamericano debe reenviar a sus países de origen u otros lugares. Esta estrategia responde a la dificultad de Washington para deportar migrantes provenientes de países como Afganistán, Irán o China, debido a que las restricciones diplomáticas dificultan su repatriación. Panamá, en medio de las presiones de Trump relacionadas con el control del Canal, ha asumido el papel de eslabón clave en esta estrategia migratoria.
Deportaciones controvertidas
Esto ha provocado una polémica internacional, especialmente por no considerarse la petición de asilo que muchos migrantes pensaban tramitar a su llegada a la frontera estadounidense. En lugar de evaluarse sus casos, son detenidos por la guardia fronteriza y por efectivos del Ejército, encadenados y trasladados en avión hasta Panamá. El destino de estos migrantes es incierto. Según el testimonio de un nutrido grupo, al llegar a Panamá vieron confiscados sus pasaportes, así como mayoritariamente sus móviles, y fueron encerrados en un hotel sin acceso a abogados, a la espera de ser enviados a un campamento improvisado en las afueras de la región del Darién, en la localidad de San Vicente. El 20 de febrero, las autoridades panameñas realizaron el primer traslado a ese centro de detención en el Darién, una medida duramente criticada por medios internacionales debido a las condiciones precarias de estas instalaciones. Ante la controversia generada, el gobierno panameño finalmente liberó a estos migrantes, exigiéndoles abandonar el país en 30 días, si bien algunos de ellos aseguraron que volverían a intentar llegar a EEUU. Hasta principios de marzo, Washington había enviado a Panamá tres vuelos, con un total de 299 migrantes.
El gobierno de Mulino ha defendido su actuación, asegurando que la operación de traslado de EEUU a Panamá y estancia temporal en este país sería supervisada por organismos de la ONU, al tiempo que ha insistido en la validez de la externalización de la gestión migratoria llevada a cabo por Estados Unidos y que también se ha extendido a Costa Rica.
De todos modos, organizaciones internacionales advierten que estas medidas pueden violar el principio de ‘no devolución’, un derecho fundamental en la legislación internacional sobre refugiados, que prohíbe expulsar a personas a países donde su vida o libertad corran peligro. La ACNUR ha subrayado que muchos de estos migrantes podrían calificar para protección internacional y que deportarlos sin evaluar sus casos vulnera sus derechos. El desafío para Panamá́ es que las deportaciones masivas no solo pueden resultar ineficaces al generar nuevas rutas migratorias, sino que también podrían aumentar los riesgos para los migrantes y deteriorar la seguridad en la región. Además, la retórica antiinmigrante podría alimentar actitudes xenófovas en el país y dificultar la integración de aquellos migrantes que, por diversas razones, terminan quedándose en Panamá́.
Aunque solo un 3% los migrantes que hasta ahora cruzaban el Darién expresaban intención de quedarse en el país —la gran mayoría pretendía alcanzar EEUU; en menor medida, México o Canadá—, los nuevos obstáculos en el norte han generado un efecto de concentración en la región del Darién, la más pobre de Panamá. Hacer un año, ocho de cada diez encuestados asegura que, de no poder llegar a su meta, esperarían hasta que se les permitiera proceder. El 67 % de las personas haitianas y venezolanas entrevistadas reportaron no haber recibido ningún tipo de información sobre los nuevos requisitos de ingreso a Estados Unidos.
