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Trabajadores paquistaníes de la construcción realizando obras en la ciudad saudí de Medina [khadim-un-nabi Rao]
El Golfo Pérsico es hoy en día uno de los destinos más atractivos para trabajadores extranjeros, especialmente aquellos en países cercanos, debido a las oportunidades económicas en los sectores de construcción, agricultura, petróleo, comercio y otros servicios. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), dos de las principales economías de la región, se han convertido en imanes para millones de migrantes en busca de mejores oportunidades laborales de las existentes en sus países de origen.
A través del sistema de ‘kafala’, un sistema de patrocinio para los trabajadores migrantes, se regula el estatus migratorio de los trabajadores para entrar dentro del sistema legal del país de destino y evitar de esta manera el trabajo en negro. Sin embargo, este sistema ha sido altamente criticado por permitir situaciones de abuso por parte de los empleadores, pues los trabajadores se encuentran en una situación vulnerable donde no pueden exigir un mejor trato si es que quieren conservar su estado legal y su trabajo.
Este aislamiento social puede derivar a una radicalización de los individuos, más específicamente en aquellos que profesan el islam, que además sería indirectamente apoyada por estos estados. Los individuos radicalizados volverían a sus países de origen con esta mentalidad, por lo que se ha llegado a hablar de cómo los estados que practican el wahabismo (especialmente Arabia Saudí) “exportan” individuos radicalizados (en este caso ex-trabajadores migrantes), que se encargarán de difundir sus ideas en sus países de origen.
El sistema de ‘kafala’
El sistema de ‘kafala’ (patrocinio), existente en países del golfo como Arabia Saudí y EAU, es un modelo de patrocinio laboral donde los trabajadores migrantes dependen completamente de su empleador (el ‘kafil’), para su visado, empleo y estatus legal. Este sistema le da al empleador poder legal sobre su empleado, incluyendo restricciones para cambiar de trabajo o salir del país. Este sistema ha sido criticado por llegar a permitir condiciones laborales abusivas, incluso llegando a ser considerado como una forma de explotación laboral y de esclavitud moderna.
Las nuevas reformas al sistema de ‘kafala’ han abordado elementos como la posibilidad de salir del país o cambiar de trabajo sin el permiso del patrocinador, así como la de permanecer en el país tras la finalización del contrato. Sin embargo, aspectos clave como el poder acceder a mecanismos de reclamación, el establecimiento de un salario mínimo fijo y protección social, y el acceso efectivo a la justicia no han sido reformados. Aunque las reformas recientes han suavizado algunas restricciones, es cierto que todavía siguen ocurriendo muchos casos de abuso hacia los empleados.
El caso de Arabia Saudí
En Arabia Saudí, alrededor del 33% de la población total del país (unas 11 millones de personas aproximadamente), son trabajadores de origen extranjero. Estos migrantes vienen mayormente de países del sur y del sudeste asiático, tales como India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas. También llegan en busca de mejores oportunidades muchos migrantes de países árabes como Egipto y Sudán. Los individuos que llegan a trabajar a Arabia Saudí ocupan mayormente empleos en los sectores de agricultura, servicios de limpieza, construcción y servicios domésticos.
En 2021 Arabia Saudí implementó la Iniciativa de Reforma Laboral (IRL), con el propósito de flexibilizar el sistema de ‘kafala’ y dar más libertad a los trabajadores migrantes. Unas de las reformas más importantes que se han implementado con esta iniciativa es la posibilidad para los trabajadores de cambiar de empleo, y la de poder salir del país sin necesidad de una aprobación del empleador. Sin embargo, existen temas que quedan por resolver, como por ejemplo la falta de algún mecanismo sólido dentro del gobierno que pueda garantizar que estas reformas sean implementadas correctamente. A pesar de los avances, se necesitan medidas más integrales para abordar los abusos y proteger los derechos laborales.
El caso de EAU
Emiratos Árabes Unidos tiene una mayor presencia extranjera: aproximadamente un 80% de la población del país está compuesta por trabajadores migrantes (unos 8,7 millones de trabajadores aproximadamente). Dubái y Abu Dabi son centros que atraen a millones de trabajadores de diversas regiones como India (3,5 millones), Pakistán (950.000), Filipinas (470.000), Bangladesh (1 millón). También hay una gran cantidad de migrantes provenientes de Nepal, Sri Lanka y varios países africanos como Nigeria y Kenia.
A diferencia de Arabia Saudí, existe una gran presencia de europeos y estadounidenses altamente cualificados trabajando en la actualidad en EAU, especialmente en sectores como tecnología, finanzas y educación. EAU ha implementado zonas francas y políticas de residencia a largo plazo para atraer ese talento altamente cualificado. Sin embargo, para los trabajadores no cualificados, los desafíos son similares a los de los trabajadores en Arabía Saudí, con condiciones laborales que frecuentemente son criticadas por organizaciones de derechos humanos.
Exclusión social y radicalización
Más allá de las condiciones laborales, los migrantes en Arabia Saudí y EAU enfrentan una exclusión social sistemática que profundiza su vulnerabilidad. Las estrictas políticas de naturalización convierten a estos migrantes en ‘forasteros permanentes’, pues no solo se limita su acceso a la ciudadanía, sino también a derechos residenciales permanentes, lo que perpetúa su estatus legal inestable y dificulta su integración.
La segregación social se refuerza por barreras culturales y lingüísticas, así como por restricciones legales que dificultan el acceso de los migrantes a servicios públicos y oportunidades de participación social. Como resultado, muchos trabajadores terminan aislados en comunidades cerradas, lo que limita sus interacciones con la población local y refuerza el sentimiento de alienación. Este aislamiento, combinado con las abusivas condiciones laborales y en su mayoría de casos una precariedad económica, aumenta el estrés de los migrantes y la búsqueda de apoyo en redes religiosas, donde las ideologías extremistas pueden infiltrarse con mayor facilidad.
La radicalización religiosa también puede ser una consecuencia de la exclusión social y laboral. Cuando los migrantes encuentran mucha dificultad en integrarse a las comunidades locales, las comunidades religiosas se convierten en el espacio de apoyo emocional y social más importante que ellos necesitan. Aunque puede que estas comunidades no sean extremistas de por sí, el aislamiento puede facilitar la infiltración de grupos radicales que aprovechan las vulnerabilidades psicológicas de los migrantes a su favor. Además, en países como Arabia Saudí, donde predomina una interpretación estricta del islam (el wahabismo), los migrantes que no se identifiquen con esta corriente pueden sentirse discriminados, lo que aumenta su sensación de exclusión y aumenta su vulnerabilidad a ideologías polarizantes.
Otro aspecto preocupante de la radicalización es el impacto transnacional que puede tener. Algunos migrantes radicalizados regresan a sus países de origen con ideas polarizadas que pueden influir en sus comunidades locales. Arabia Saudí, en particular, ha sido señalada por su papel en la promoción del wahabismo, lo que plantea preocupaciones sobre la ‘exportación’ de ideologías extremistas a través de trabajadores migrantes, que llevarán estas ideologías de vuelta a sus países de origen. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudí, los saudíes buscan influenciar especialmente a pakistaníes a través de la religión con motivos políticos (alejar la influencia iraní de Pakistán).
Tarea por delante
Para intentar solucionar los problemas de exclusión social y radicalización de trabajadores migrantes en Arabia Saudí y EAU es importante implementar políticas que no solo mejoren las condiciones laborales de los trabajadores sino también implementar políticas de integración social. Las reformas recientes al sistema de ‘kafala’ sin duda han sido un paso hacia esto último, pero todavía son necesarias más reformas para garantizar que se cumplan los derechos laborales básicos para evitar casos de abuso por parte de los empleadores.
Así, es fundamental fomentar espacios de integración donde se puedan superar las barreras de lenguaje y culturales. Adicionalmente, las políticas de residencia y naturalización podrían volverse más inclusivas, permitiendo que los trabajadores que han residido varios años en el país de destino puedan acceder a derechos de residencia permanente, lo que ayudaría a su situación legal y psicológica.
Por último, para evitar la radicalización religiosa, se podría implementar una mayor supervisión de las redes religiosas para evitar que se conviertan en un espacio donde se cultiven ideologías extremistas. No obstante, esto último puede llegar a ser un poco complicado en países como Arabia Saudí por cómo se llevan las políticas religiosas a nivel nacional.
Estas medidas no solo ayudarían a los migrantes, sino que también fortalecerán las relaciones sociales, la estabilidad económica y la política en los países del Golfo, creando un modelo de integración que podría ser aplicado también en otras regiones del mundo. A largo plazo, fomentar estas prácticas ayudará a construir sociedades más inclusivas y resilientes, capaces de manejar estos nuevos retos que plantea la globalización y los flujos migratorios.