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Región del Catatumbo, junto a Venezuela. Ilustración incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad
INFORME SRA 2025 / [ Versión en pdf ]
√ El presidente Duque fue ineficiente en la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016; Petro creyó que él podía ir incluso más allá, pero la situación ha ido para atrás.
√ En sus dos años y medio en la presidencia, Petro ha reducido el número de efectivos y las capacidades del Ejército colombiano; cuando lo ha necesitado se ha visto en dificultades.
√ El gobierno de izquierda combate si convencimiento: dirigir operaciones militares contra el ELN va contra su tradición y postura ideológica.
Han pasado ya casi 10 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), un hito histórico y galardonado con un Premio Nobel de la Paz, que dio fin al conflicto civil más longevo de América Latina, cuyas circunstancias han quedado expuestas en el informe final de la Comisión de la Verdad constituida a tal efecto. Sin embargo, hoy el panorama de seguridad en Colombia es desalentador. En tan solo dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha vivido algunos episodios de violencia que no vivía desde finales del siglo pasado y principios de los 2000. La respuesta improvisada del gobierno a la última ola de violencia en el Catatumbo, generada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), demuestra el fracaso de la política de seguridad y el retroceso que ha tenido el país en esta misma materia.
El aumento de la violencia y la reagrupación de los grupos armados al margen de la ley no debe ser vista como noticia de última hora. Al contrario, las bases para un recrudecimiento vienen desde los años posteriores a la firma del acuerdo de paz. Tras la firma de este en 2016, Colombia tuvo unos dos años de relativa calma donde el número de asesinatos, secuestros y reclutamiento por parte de grupos criminales disminuyeron a nivel nacional. Sin embargo, de 2018 a 2022, el gobierno de Iván Duque se caracterizó por su falta de compromiso en implementar el acuerdo. Según la Cruz Roja, la situación humanitaria del país se deterioró desde 2018 con el aumento del secuestro y la extorsión. La política de seguridad de Duque privilegió el control territorial y el debilitamiento de los grupos armados y narcotraficantes, pero fue ineficiente: la violencia aumentó en nuevos focos, como en las frontera con Brasil, Venezuela y Panamá. En 2019, más de 2.000 hombres habían vuelto a las armas, y se registraba un aumento de asesinatos de líderes sociales y altos índices de desplazamiento interno.
La falta de voluntad de cumplir el acuerdo no llevó al Estado a aquellas zonas más abandonadas, en las que se esperaba una mayor reintegración de excombatientes y en las que podía darse un alto riesgo de reincidencia en violencia, generándose así un vacío de poder. Hubo territorios en los que ciertamente las antiguas FARC se desmovilizaron, pero el Estado nunca llegó, allanando el camino a otras organizaciones criminales (como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) y a la reincidencia en las armas desde las antiguas filas de las FARC (como el Estado Mayor Central). Esto muestra cómo históricamente en Colombia la violencia se transforma y desarrolla por la falta de un Estado legítimo. El máximo fracaso del acuerdo de paz se dio en 2019 con el establecimiento de La Segunda Marquetalia, conformada por disientes del proceso y altos mandos de las FARC.
Petro y su Paz Total
Tras el triunfo en 2022 del candidato Gustavo Petro, que llevó al poder al primer presidente de izquierda, el país se encaminó hacia una nueva manera de abordar el conflicto, los asesinatos de líderes sociales y la reincidencia. La política de la Paz Total se convirtió en la joya de la corona en materia de seguridad para el Gobierno Petro, asegurando, en ese entonces, que el país podría cesar su estado permanente de conflicto interno y la llegada de la paz. Sin embargo, hoy esto está lejos de ser así.
La política de la Paz Total establece un marco legal para que el gobierno negocie con los grupos armados criminales y les conceda reducciones de condena si cooperan en diálogos sociales. Es una apuesta por negociar y establecer procesos de sostenimiento de justicia, tal como en 2016, con tantos grupos armados como sea posible. La ley de Paz Total incluye al crimen organizado de naturaleza no política, asociado a economías ilegales, narcotráfico y minería ilegal.
Las críticas a esta ley fueron amplias antes de que se hundiera en el Congreso a finales de 2023, argumentando que la Paz Total carecía de marco jurídico sólido y comprometía la independencia de la Fiscalía General de la Nación, ya que otorgaba condenas políticas a ofensas criminales. Además, como advertía ‘The Economist’, ni el ELN o el Clan del Golfo, las mayores organizaciones criminales del país estaban interesadas en ese proceso.
En este contexto, a principios de 2025 estalló la última ola de violencia, en el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, con confrontaciones entre disidencias de las FARC, el ELN y el Ejército colombiano. Los sucesos, que han supuesto el desplazamiento de 30.000 personas, han dejado en evidencia el poderío que han ganado estas organizaciones criminales. Ante ello, en una estrategia de guerra improvisada, el gobierno que se había propuesto la Paz Total tuvo que recurrir al Ejército. Y como este había visto reducido sus filas y disminuido sus capacidades ofensivas en los dos años del gobierno de Petro, tuvo algunos problemas para hacer frente a grupos ilegales que, como el Clan del Golfo, han crecido aceleradamente. También durante el gobierno Petro la cúpula militar ha sufrido cambios notorios que solo han aumentado la desmoralización en la institución.
La respuesta del gobierno fue extremadamente limitada, ya que dirigir operaciones militares contra el ELN va contra su postura ideológica y no tiene las capacidades operativas para responder adecuadamente. La crisis es aún más angustiante cuando meses antes, en agosto de 2024, el Ministerio de reconoció un retroceso en el control territorial y la pérdida de algunas regiones por parte del Ejército y la policía, junto con el aumento en las tasas de secuestro y extorsión.
Sin embargo, un actor importante no abordado hasta ahora es Venezuela. Tras la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en 2019 el ELN ha tomado control efectivo de la zona de frontera en ambos lados y desde ese momento no ha disminuido su capacidad de control. Ese control territorial en el vecino país le ha facilitado aumentar sus actividades de economía ilegal, tráfico de drogas y minería ilegal, con la connivencia del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha hecho de Venezuela un santuario estratégico e ideológico de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.
Para el Gobierno Petro, la violencia en los últimos meses y la falta de una respuesta militar y/o humanitaria ha sido el rotundo fracaso de la política de Paz Total. Petro ilusoriamente quiso tender la mano a grupos armados a los que no les interesa negociar, pues se encuentran mejor en la ilegalidad. Un nuevo estallido de violencia en Colombia en la época post-2016 era algo anunciado y que se venía cocinando en los últimos años. El gobierno se encontró con una situación que le ha superado y sus respuestas han sido limitadas y sin resultados.
Aunque el presidente colombiano busca la aprobación del estado de excepción para resolver el conflicto en el Catatumbo —“el ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, ha escrito en X—, el Poder Judicial y el Congreso no coinciden con él, por lo que sus manos están atadas.