El papel de los Colegios en la promoción de la ética
Ética, moral y deontología en Medicina, ¿asunto público o responsabilidad privada? El papel de los Colegios y de las Asociaciones de médicos
Gonzalo Herranz, Departamento de Bioética, Universidad de Navarra
Conferencia en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante
Alicante, 25 de enero de 1995
Fundamentación ética de la gestión deontológica colegial
La revitalización de la Deontología, deber prioritario
Saludos y agradecimiento
Esta mañana hablé a los estudiantes de la Facultad de Medicina de Ética y moral en el ejercicio actual de la Medicina. Y, por si fuera poco, he de volver a hablar de lo mismo, pero a otro público y con un enfoque muy diferente.
Para empezar les decía que, para algunos, ética y moral, y para el caso, deontología son y significan lo mismo. Los términos, de origen griego o latino, que se refieren a la reflexión sobre el recto proceder de las personas, a discernir lo bueno de lo malo, a conocer y determinar lo que se debe hacer. El DRAE dice de la ética que es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Dice de la moral que es la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. De deontología señala que es la ciencia de los deberes. Prefiero quedarme con lo que dice nuestro Código profesional cuando define a la deontología médica como el conjunto de principios y reglas que deben inspirar la conducta profesional del médico. En cierto modo, moral, ética y deontología vienen a ser lo mismo.
Para otros, no ocurre así. La moral, con su variante deontológica, no es lo mismo que la ética. Moral es un conjunto trabado y diferenciado de principios y valores, una concepción de la vida y del mundo, que han de profesarse y practicarse en un contexto cultural o religioso para llevar una existencia digna y buena. Y por ética entienden más bien un ejercicio académico, el arte de argumentar filosóficamente sobre cuestiones de principios y valores que han de profesarse y practicarse, sobre dilemas sin fácil solución, sobre escenarios sintéticos y complejos, a fin de reunir argumentos, sopesar probabilidades, y justificar tal conducta o proponer su contraria. Así como la moral tiende a ser singular, es decir, universal, creída y aceptada por todos, las éticas son plurales, forman partidos, grupos de opinión, o como técnicamente se les llama, corrientes metaéticas, escuelas, tales como el utilitarismo, consecuencialismo, relativismo, emocionalismo, deontologismo, y así muchas más.
En los últimos decenios, y todavía hoy, la moral ha estado muy perseguida, casi desacreditada. Cuando alguien proponía que el modo recto de proceder en tal circunstancia era este o el otro, se le decía que se fuese con la moralina a otra parte, se le tachaba de cavernícola, de arcaizante o de pedagogo pontificante y no se le hacía caso. Hoy, lo estamos viendo, la sociedad está fuertemente des-moralizada. Y hoy asistimos a una prodigiosa proliferación de éticas cambiantes, de modas que pasan y son sustituidas por otras. Un autor francés acaba de publicar un libro titulado La valse des éthiques. Dice que los puntos de referencia han desaparecido, los deberes se han esfumado, que heredamos el vacío. La moral parece ausente. En su lugar se habla a todas horas de éticas.
¿En qué nos quedamos? Quede ahí el asunto semántico, si es lo mismo o no ética o moral. Se podrían invertir muchas horas discutiendo si se puede vivir sin principios a los que ser fiel, si hay un orden objetivo que ha de marcar las relaciones de unos hombres con otros, con los animales, con la naturaleza y con las cosas. O si es preferible aprovechar cada uno maquiavélicamente lo que conviene más en cada momento, o si el dinero y las cosas valen más que las personas, si éstas pueden ser clasificadas en diferentes categorías, de modo que hay unas vidas respetables y dignas de vivirse y otras que carecen de esa dignidad fundamental y pueden eliminarse.
Yo me inclino por pensar con los primeros que ética y moral significan lo mismo y que son dos palabras que pueden intercambiarse. Como decir ética se lleva más que decir moral, voy a seguir la corriente del tiempo. Siempre que diga ético o ética me estaré refiriendo a ese conjunto trabado de principios y valores que han de profesarse y practicarse de modo constante y sincero para llevar una vida digna y buena. No me referiré a que es imposible llegar a saber lo que es bueno, a que todo da lo mismo con tal de tener buenas intenciones, de que nadie puede presumir de haber encontrado la verdad. Me leí a fondo lentamente la Veritatis splendor de Juan Pablo II. Y creo que es una maravillosa denuncia del escepticismo y de la dudosa sinceridad de las éticas blandas, tan dominantes en la sociedad posmoderna.
Les decía a los estudiantes esta mañana que la medicina es una actividad intrínsecamente ética, que uno de los motivos que a ellos y a nosotros nos llevaron a dedicarnos a ella fue la aspiración a hacer un bien específico: servir a los enfermos de ese modo único, que une lo científico y lo humano, lo técnico y lo moral, un modo de servir al hombre con la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. La Medicina es, por su propia naturaleza, un quehacer moral, un asunto de relación humana. El médico no trata sólo con datos de laboratorio, con técnicas de diagnóstico por imagen, con libros: trata, antes de nada, con hombres y mujeres enfermos. Ha de ser un experto especializado y competente en diagnosticar y reparar las averías causadas por la enfermedad. Pero también necesita ser un experto en humanidad que sabe como respetar la singularidad de cada individuo, su integridad personal.
Esta es la raíz de la ética médica. Para asumir plenamente su responsabilidad y hacer frente a los problemas, tremendamente cargados a veces -no siempre, por supuesto- de tremendas disyuntivas, no le son suficientes al médico la intuición o esa especie de instinto primario, hecho de buenas intenciones y de olfato médico, ese deseo seguir en general las costumbres de la medicina. Es necesario, entonces, que el médico se pare a pensar y sea capaz de articular, ante sí mismo, una fundamentación racional de sus acciones.
Decía a los estudiantes que tras cometer un error, y es inevitable cometerlos de vez en cuando, no vale seguir adelante como si nada hubiera pasado. Cada pifia que comete el médico exige, aunque nadie la haya advertido, que se pare a reflexionar, a buscar las circunstancias que la han motivado, a estudiar los procedimientos para procurar que no vuelva a repetirse. Si el error ha sido manifiesto, además de eso ha de pedir perdón al paciente. Sólo así es posible llevar una vida moral sana, no volverse un cínico hipócrita. Eso es ética o moral, algo muy práctico, que hace nuestra vida más consciente, más deliberada, más escogida.
Terminaba diciéndoles que para llevar una vida plena es esencial cuidar, educar, mantener viva y despierta la conciencia. Por conciencia se puede entender la capacidad inmediata, intuitiva, de juzgar sobre la moralidad de nuestras acciones; el don privilegiado de saber, sobre la marcha, mientras obramos, si nuestros actos y los motivos que nos impulsan a obrar son rectos o no. Es nuestra guía con la condición de que los juicios de nuestra conciencia sean el resultado de una correcta formación, de una reflexión seria, hecha tiempo atrás y aplicada con sensibilidad a cada situación, nueva o vieja, hasta hacerse hábito estable, virtud. La vida moral depende de lo despierta que tengamos la conciencia, de la capacidad de descubrir matices, de hacernos preguntas. La reflexión ética no es cosa de filósofos o de expertos: nos incumbe a todos. La ética es tan consustancial a la Medicina como la ciencia misma. Esta es una empresa intrínsecamente ética.
Al estar aquí esta tarde, veo que no los he engañado. Estamos en un Colegio de Médicos y quisiera seguir la reflexión sobre ética, moral y deontología tomando como punto de apoyo el artículo 3 del Código de Ética y Deontología médica vigente. Nos recuerda ese artículo que la O.M.C., es decir, todos los médicos, los Colegios y los Colegiados, hemos asumido como un objetivo prioritario la promoción y desarrollo de la deontología profesional, y que hemos de dedicar una atención preferente a difundir el conocimiento de los preceptos del Código y que todos estamos comprometidos en velar por su cumplimiento.
Es decir, la vida colegial no sucede en un vacío moral, sino en una atmósfera ético-deontológica. Tenemos un extensísimo campo de libertad, pero tenemos también unas normas para inspirar nuestro trabajo. Yo hablo a menudo del Código como del reglamento de un deporte que no inhibe la creatividad, sino que está para dar inspiración: los grandes del deporte no se han sentido encorsetados por la norma obligada, al contrario, han encontrado en ella impulso para depurar su estilo, para hacer un juego limpio. La deontología médico-colegial no es una asunto marginal.
Estos son los dos puntos que quiero tratar: Primero, de los fundamentos morales del compromiso público de prestar a la Deontología una atención prioritaria. En el segundo punto quiero aludir a cómo los Colegios y también los Colegiados, solos o asociados, pueden hacer realidad su obligación pública de dar a la deontología ese lugar prioritario entre sus preocupaciones.
Fundamentación ética de la gestión deontológica colegial
No hay unanimidad acerca de cuál es el fundamento en el que se apoya la deontología colegial, y, en general, el estatuto jurídico de las organizaciones profesionales. Se trata, en el fondo, de una cuestión nada sencilla, en la que se entremezclan cuestiones de derecho constitucional, de política social y de ética comunitaria. En meses recientes, este tema se ha discutido de modo apasionado en instancias profesionales, en plataformas políticas, en altos tribunales de justicia. No es fácil hacer una síntesis de los puntos de vista encontrados. Creo que acercarnos al problema desde una perspectiva histórica nos puede ayudar a comprender sus términos.
Los Códigos de conducta profesional, los organismos que se encargan de promulgarlos, y las instancias que se preocupan de su vigilancia disciplinaria, son el resultado de una larga evolución histórica de más de dos mil años. Ha habido, por un lado, un largo proceso de selección y codificación de normas y criterios con que los médicos, de modo espontáneo al principio y ya institucionalizado después, han querido y siguen queriendo autorregular la práctica de la profesión. Y, simultáneamente, se ha dado una evolución histórica de las respuestas que la sociedad ha ido dando a sus relaciones con los médicos: una historia en que se entrelazan las concesiones (de derechos, privilegios y jurisdicciones especiales) con las exigencias y responsabilidades (de dignidad humana, de calidad científica, de rectitud moral, de acción disciplinaria).
Es lógico que existan, de unos países a otros, fuertes diferencias en lo que respecta a la extensión e intensidad de la autorregulación ética de la profesión médica. Su evolución ha discurrido, en los dos últimos siglos, por cauces diferente en los países anglosajones y en los países que han moldeado su derecho sobre el código napoleónico. Pero, en todo caso y reduciendo la cuestión a sus términos más generales, se puede decir que la codificación deontológica nació y ha ido creciendo como resultado de un pacto social: la sociedad ha entregado a la corporación médica la potestad exclusiva de conceder, a quienes reúnan las debidas cualificaciones, la licencia para practicar la Medicina, a condición de que fuera la misma corporación quien estableciera las reglas éticas para el ejercicio competente y correcto de la profesión y controlara la conducta profesional de los médicos.
En cierto modo, un código de deontología médica es una guía de conducta profesional que contiene los compromisos éticos que los médicos contraen públicamente con la entera sociedad, para garantizar a todos un adecuado nivel de calidad de sus servicios profesionales. De ese intercambio pactado de concesiones y garantías entre sociedad y corporación profesional deriva, de un lado, el carácter público del Código y del sistema de disciplina profesional que le es anejo y, de otro, el reconocimiento en conciencia por parte de cada médico de que su libertad y autonomía profesionales han de moverse dentro de las coordenadas éticas establecidas por el Código. Ahí se legitiman la Corporación médica y el Código. De ese compromiso social nace la deontología codificada.
El artículo 3 es parte, y parte principalísima, de la respuesta que la O.M.C. da a la sociedad española a cambio de su propia existencia y de sus derechos y poderes. Cuando los Estatutos Generales señalan en los diferentes parágrafos de su artículo 1º que el Consejo General, y los Colegios Oficiales de Médicos, gozan, dentro de su propio y peculiar ámbito de actuación, separada e individualmente de plena capacidad jurídica y de obrar; cuando se confiere a la O.M.C. la representación exclusiva de la profesión médica, la ordenación en el ámbito de su competencia de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de sus intereses profesionales; cuando impone la obligación de colegiarse a todos los médicos que quieran ejercer la profesión en cualquiera de sus modalidades, los Estatutos Generales están haciendo inventario de los derechos y privilegios que la sociedad le confiere a la O.M.C., a los ésta responde con su compromiso solemne de cumplir los fines para los que ha sido constituida: la ordenación, en el ámbito de su competencia, del ejercicio de la profesión médica y su representación exclusiva; la defensa de los intereses profesionales de los colegiados; la salvaguardia y observancia de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión médica y de su dignidad y prestigio; la promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles científico, cultural, económico y social de los colegiados; y, por último, la colaboración con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la salud de todos los españoles y en la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia sanitaria.
Estos son los contenidos de ese pacto social. Al encargo que la sociedad hace a los médicos organizados en corporación de que son sólo ellos quienes puedan practicar legítimamente la Medicina, la corporación médica se compromete a regular el trabajo profesional de sus miembros, asumiendo para ello el deber de autorregularse. Este deber ha de ser desempeñado con responsabilidad y diligencia. El artículo 3 del Código nos dice que la O.M.C. lo coloca en el centro de sus intereses, y proclama que ese compromiso es primordial, no puede ceder ante ningún otro.
El contenido de este artículo y la filosofía subyacente a él coincide, en líneas generales, con la Declaración de Madrid sobre Autonomía y Autorregulación profesionales, promulgada por la Asociación Médica Mundial en Octubre de 1987. Merece la pena considerar por unos momentos los puntos de esta importante Declaración, pues nos conciernen de modo inmediato. Se aducen en el preámbulo las dos razones que han aconsejado su adopción: la importancia que la autonomía y la autorregulación tienen para la profesión médica en todo el mundo; y la viva percepción de los problemas y obstáculos que, en todas partes, se oponen a ellas. Se establece, en los primeros puntos del documento, que el motivo nuclear de la autonomía profesional consiste en la necesidad de garantizar a todos que el médico, al atender y tratar a sus pacientes, pueda emitir su juicio profesional con toda libertad. La autonomía profesional, además de ser un componente esencial de la atención médica, es también un beneficio que se debe al paciente, incluso un derecho de éste. Por ello, la Asociación Médica Mundial y las asociaciones médicas nacionales han de empeñarse en mantener y garantizar dicha autonomía.
Fundamentada así la autonomía, surge como una consecuencia inevitable la necesidad de la autorregulación profesional. Esta debe existir con independencia de las normas legales o de otro tipo que el Estado pueda imponer a los médicos, pues es una respuesta moral. “Paralelamente a esas normas, -dice la declaración- la profesión médica asume la responsabilidad permanente de autorregularse”. La Declaración alude al componente científico de esa responsabilidad, de mejorar la calidad técnica de la atención prestada y la competencia y destrezas el médico que presta dicha atención. Sólo los médicos tienen la experiencia necesaria para hacer las evaluaciones oportunas y hacer las recomendaciones oportunas tendentes a asegurar la calidad y la competencia de la atención prestada por otros médicos. Eso exige ir mejorando la práctica médica mediante la investigación que se ajuste a las normas éticas.
El médico debe ser sensible al importante papel que el control del gasto de salud juega en la prestación equitativa y eficiente de los servicios médicos. “El control del gasto médico -concluye esta parte de la Declaración- no puede ser invocado como pretexto para negar a los enfermos los servicios médicos que necesitan. Pero tampoco debe permitirse el abuso de tecnología, pues no sólo aumenta el costo de la atención médica, sino que impide el acceso a ella de quienes verdaderamente la necesitan”.
Viene a continuación la parte que más nos interesa de la Declaración. Se insiste, por una parte, en la necesidad de ejercer la disciplina profesional: “Las actividades y la conducta profesionales de los médicos deben estar siempre dentro de los límites señalados por los códigos de ética profesional vigentes. Las violaciones de la ética deben ser corregidas rápidamente. Es ésta una responsabilidad que las asociaciones médicas nacionales deben cumplir efectiva y eficientemente mediante las acciones oportunas”. Y se insta a las organizaciones médicas a divulgar en la sociedad la naturaleza y eficiencia de la jurisdicción deontológica: “La Asociación Médica Mundial y las asociaciones nacionales deben también dar a conocer al público general la existencia de un sistema efectivo y responsable de autorregulación por parte de la profesión médica. El público debe saber que puede confiar en tal sistema en lo que se refiere a la evaluación honesta y objetiva de los problemas del ejercicio de la Medicina y de la atención y tratamiento de los pacientes”. La Asociación Médica Mundial estima que es necesario ganar día a día la confianza del público, porque esa confianza es la única protección eficaz contra la expansión del intervencionismo del Estado. “Una conducta profesional responsable, a nivel individual, y un sistema eficiente de autorregulación a cargo de la asociación médica de cada país son medios indispensables para asegurar al público que los pacientes puedan recibir una asistencia médica de calidad, prestada por médicos competentes”.
Así pues, la regulación deontológica es asunto público y privado, a la vez. Es responsabilidad colectiva y compromiso personal. No es asunto de segunda fila, sino cuestión primordial. A él deberíamos dedicar nuestras mejores energías.
La revitalización de la Deontología, deber prioritario
Decía que el segundo punto de mi charla quería aludir a cómo los Colegios y también los Colegiados, solos o asociados, pueden hacer realidad su obligación pública de dar a la deontología ese lugar prioritario entre sus preocupaciones.
Volvamos al artículo 3 del Código. En él, la Organización Médica Colegial se compromete a difundir el conocimiento del Código. Habrá de hacerlo en dos frentes: en su propia casa y en el seno de la sociedad.
Ha de ofrecer a sus miembros, mediante la educación deontológica continuada, un conocimiento cada vez más preciso de los preceptos del Código, y ha de emplear toda su energía para que éste sea el nervio de la actuación profesional de los colegiados. La educación deontológica es un tema clave, a mi modo de ver. De él se trató en el III Congreso Nacional de Comisiones de Deontología. De allí salió un ambicioso programa de acción que, me parece, está casi por estrenar.
Debe también darlo a conocer al público, para que éste sepa cuál es el nivel de conducta que se exige a los médicos. La tarea de divulgar el Código es parte del pacto social: la deontología es elemento esencial de la contraprestación que la corporación médica ofrece a cambio de la potestad que recibe de organizar la practica de la Medicina. Mantenerlo oculto es hacer como el criado holgazán de la parábola evangélica que guardó el talento en un pañuelo y lo escondió bajo tierra. El Código es un libro extraordinariamente interesante para los pacientes y sus familias. Si el Código estuviera en las salas de espera de los ambulatorios, de los consultorios privados, de los hospitales y clínicas, los enfermos se sentirían más seguros. Admirarían, sin duda, la generosidad ética de la profesión. Y, sobre todo, nos ayudarían a ser mejores médicos recordándonos los compromisos que hemos contraído con ellos.
El paciente es el aliado natural del médico. Cualquiera que sea la estructura y organización que se dé a los sistemas nacionales o autonómicos de salud, la verdad de la medicina seguirá estando en el encuentro entre médico y paciente. No es sólo el médico quien tiene que persuadir a la Administración a que subsane las deficiencias de los servicios. Es verdad que, consciente de sus deberes profesionales con la comunidad, está obligado el médico, así lo dice el artículo 5.1 del Código, a procurar la mayor eficacia de su trabajo y un rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición, y a participar, personalmente o a través de sus organismos representativos (O.M.C., sindicatos médicos), en el estudio y ejecución de programas que busquen una distribución más justa de los recursos. Tendrá que presionar con medios legítimos y humanos para que el erario público financie adecuadamente los gastos de salud, y todos reciban la atención que necesitan.
Han de velar, por mandato deontológico -lo dice el artículo 5.2 del Código- para se den en sistema sanitario los requisitos de calidad, suficiencia y mantenimiento de los principios éticos. Y ha de ejercer el deber, arriesgado pero obligado, de denunciar sus deficiencias cuando puedan afectar a la correcta atención de los pacientes. La socialización de la Medicina ha sido, quizá, uno de los más grandes avances de la Medicina en nuestro tiempo. A mi modo de ver, es la mayor gloria de la Medicina contemporánea. Es también un testimonio irrefutable de la responsabilidad social de los médicos. Y, sin embargo, es también un pozo sin fondo de frustración, porque, de modo insidioso y apenas perceptible, ha resultado ser un cementerio de libertades y responsabilidades de los médicos.
Las relaciones contractuales o estatutarias entre los ministerios de salud y los médicos han evolucionado, en general, de modo poco satisfactorio. Pero el Código no descarga al médico del deber de perseverar en sus esfuerzos para que se den en el sistema sanitario los requisitos de calidad, suficiencia y ética exigibles. Necesita, para ello, ejercer más intensamente su función de informador sanitario, que es uno de los modos más rentables de invertir el tiempo y los conocimientos del médico. Y tiene también la obligación ética de identificar las deficiencias del sistema sanitario y desempeñar el papel de conciencia social. Esto le obliga a denunciar las deficiencias técnicas y morales del sistema de salud, denuncia que ha de hacerse con veracidad y sin exageraciones. Al público en general y a los pacientes, uno a uno, les conviene saber si sufren recortes importantes en los servicios que reciben, si están muy separados los cuidados que deberían aplicársele y los que realmente se le aplican.
He escrito recientemente un extenso artículo sobre la ética de la huelga médica. Cuando, al concluirlo, me pregunto por la posibilidad de crear instancias de arbitraje que sirvieran para prevenir el riesgo de huelgas médicas, trato del papel que, al lado de los gestores del ministerio y los sindicatos, deben jugar las organizaciones profesionales y los representante de los pacientes. Digo a este propósito que también “los pacientes deberían tener un lugar en esos comités de arbitraje. Ya que son quienes más sufren en el curso de una huelga, deben estar vitalmente interesados en adquirir protagonismo en su prevención. Han estado hasta ahora sistemática reducidos a la condición de sufridos sujetos pasivos, convidados de piedra en las mesas de negociación. Hay razones para sospechar que la participación de los representantes de los pacientes podría ayudar a la prevención efectiva, o a la rápida solución, de los conflictos. Los pacientes y sus familias no pueden limitar su influencia en la programación de la cosa sanitaria a su efímero papel de ciudadanos que votan en las elecciones. Las campañas electorales son operaciones de ofuscación colectiva, donde no suele tratarse en serio de los problemas verdaderamente importantes. Es necesario crear canales a través de los cuales los pacientes puedan intervenir efectivamente en la política sanitaria”. Es esencial para ello que los médicos les hayan informado con objetividad y claramente acerca de dónde residen las deficiencias del sistema, que dificultades obstruyen la correcta prestación de los servicios, cuáles las carencias que afectan a la calidad de los cuidados por las que los médicos no pueden transigir. Repito: el paciente y el médico son dos aliados naturales, forman una alianza natural que ni los avances de la ciencia ni la evolución de la política sanitaria podrán disolver, porque es una relación humana y profundamente moral. Es necesario dar cauce ético a esa relación amistosa mediante una información realista del estado de la cosa sanitaria, mediante la cooperación para conseguir la mejora ética del sistema. Ese es el mejor modo de cumplir la tarea de velar por que se den en el sistema nacional de salud los requisitos de calidad, suficiencia y mantenimiento de los principios éticos, imperada por el artículo 5.2.
La denuncia médica deberá tener siempre un carácter positivo. Debe buscar la reparación de las deficiencias, nunca el vuelco del sistema sanitario. La denuncia ha de ser hecha por el médico individual y también por los diferentes organismos médicos, mediante acciones coordinadas de los médicos de un centro sanitario, de una sección colegial, de un Colegio o de la propia O.M.C.. Una experiencia demasiado larga, por desgracia, muestra que las denuncias de los médicos no siempre son bien acogidas por los poderes públicos, que no sólo las desoyen o las desprecian, sino que, en ocasiones, toman represalias contra los denunciantes.
El Código es muy ambicioso, casi utópico, en algunos de sus artículos. El 40.1 señala que “la Organización Médica Colegial ha de esforzarse en conseguir que las normas deontológicas de este Código sean respetadas y protegidas por la Ley”. La realidad es, por desgracia, muy inferior a ese deseo. Ciertamente, los EGOMC, en su artículo 2,2, y el artículo 2,2,b de los ECG, señalan que el Consejo General, cuando se trata de normas para el ámbito del Estado, o los Colegios o sus Agrupaciones, para el ámbito territorial respectivo, deberán informar preceptivamente los proyectos de Ley y las disposiciones legales de cualquier rango que se refieran a las condiciones generales del ejercicio y la función profesionales. Y el artículo 3,4 de los mismos EGOMC establece que uno de los fines de la Organización es “la colaboración con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la salud de todos los españoles y la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia sanitaria y del ejercicio de la Medicina...”. Pero recientemente, el Presidente del Consejo General se quejaba de que se enteraba por los periódicos de las decisiones del Gobierno relacionadas con materias definidas como de informe preceptivo.
Es, pues, una obligación de directivos y colegiados mostrar a las autoridades y a los legisladores los grandes valores sociales y profesionales de la normativa deontológica, para que sean respetados y reconocidos por las leyes y las disposiciones de menor rango, y evitar que éstas puedan erosionar la necesaria libertad y la correspondiente responsabilidad de los médicos. Es cierto que el mandato del artículo 40.1 parece imposible de cumplir en un tiempo en que los gobiernos y los legisladores tienden a considerar que el mandato que han recibido del electorado les confiere una autoridad tan amplia y soberana, que están dispensados de la norma de prudencia elemental de pedir el parecer de los organismos profesionales o sociales sobre la legislación que se prepara. La O.M.C. sigue, a pesar de ello, obligada a defender y promover los valores deontológicos. Para ser el interlocutor válido de los enfermos y de los médicos ante los poderes públicos, necesita gozar de un prestigio moral indiscutible ante la sociedad. Sólo lo conseguirá si une a la calidad de sus informes sobre las cuestiones profesionales planteadas, una conducta intachable en el desempeño de la función social que la misma sociedad le ha confiado.
A mal tiempo buena cara. Es lógico que muchos médicos han de sufrir por su fidelidad a las normas deontológicas. Es de aplicación entonces el artículo 40.2 del Código: “La Organización Colegial defenderá a los Colegiados que se vean perjudicados por causa del cumplimiento de los principios éticos”. Incluye este artículo un compromiso serio de la O.M.C. de proteger la libertad de los colegiados que disienten razonablemente o alegan la objeción de conciencia frente a disposiciones u órdenes que chocan con los principios éticos de la profesión. La experiencia vivida en otros países, y también en el nuestro, muestra lamentablemente que, tarde o temprano, los médicos objetores o que critican el sistema tienden a ser objeto de presiones y discriminaciones por parte de otros colegas o de quienes dirigen las instituciones en que trabajan.
Es un principio básico en ética general que no puede existir vida moral sin libertad. E igualmente, es un principio básico de la ética profesional que no hay responsabilidad personal sin independencia. Por ello, es antideontológica toda acción que pretenda disminuir la libertad del médico, ya sea su libertad de prescripción ya su libertad de conciencia. Cuando el Código obliga a quienes dirigen la O.M.C. a proteger de perjuicio a los colegiados por causa de ser fieles a sus convicciones ético-profesionales, no está sólo aplicando al contexto colegial el derecho constitucional a la libertad ideológica (artículo 16 de nuestra Ley fundamental: “Se garantiza la libertad ideológica... de los individuos y de las comunidades.... Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”) y a no ser discriminado por ello (artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). Lo hace también para cumplir el deber estatutario de los Colegios de “defender los derechos y el prestigio de los colegiados... si fueran objeto de vejación, menoscabo, desconsideración o desconocimiento en cuestiones profesionales” (artículo 34 de los EGOMC) y para amparar el derecho de los colegiados “a ser defendidos por el Colegio o por el Consejo General cuando sean vejados o perseguidos con motivo del ejercicio profesional” (Art. 42, b de los citados EGOMC). Hasta cierto punto, el artículo 40.2 generaliza, a otras situaciones, lo que el artículo 27.2 del Código señala sobre la protección al colegiado objetor de conciencia ante el aborto y otras intervenciones en el campo de la reproducción humana.
Sin embargo, los perjuicios que más se han de temer no son las clamorosas privaciones de derechos, sino los sistemas, sutiles y refinados, con que se doblega la resistencia moral de quienes no se pliegan a los deseos de los que mandan. Hay cauces legales para contrarrestar las represalias graves (destituciones, traslados, apertura de expedientes). Pero no hay otro cauce que el deontológico para defenderse de las formas subliminares de tortura ideológica o de discriminación no escandalosa, que dependen de la decisión discrecional de los administradores del sistema, tales como la asignación de horarios o tareas desagradables, o la preterición a la hora repartir oportunidades (permisos para congresos, fondos para investigación, participación en comisiones).
Ya es hora de terminar. Son muchos los asuntos que presionan con urgencia y absorben las energías y el tiempo de los directivos y colegiados. La Deontología recibe, en consecuencia, una atención inferior a la que ella necesita por sí misma y a que le marcan las normas estatutarias. Por un mecanismo psicológico muy natural, se ha desarrollado una actitud general de suave escepticismo acerca de la significación institucional de la función deontológica. Ocurre, además, que es cada vez más intensa la ignorancia deliberada de la Deontología que profesa un número creciente de los funcionarios que controlan la gestión asistencial pública y limitan, con frecuencia sin apelación posible, la libertad profesional del médico. A eso hay que añadir el hecho de que las últimas veinte promociones de Licenciados en Medicina no han estudiado mas que unos pocos rudimentos de Deontología. En virtud de estos y otros factores, se va extendiendo poco a poco la conciencia, informe pero difusa, de que el Código de Deontología no es de aplicación en muchas instituciones dependientes del Insalud o de algunas Comunidades autónomas.
La salida de esta situación que se va haciendo crítica está en la revitalización de la acción deontológica. No tanto en el sentido de lanzar una operación de endurecimiento del control deontológico de la Colegiación -nos basta con la serena aplicación de lo que prescriben nuestros Estatutos Generales-, sino en superar, mediante la educación deontológica continuada, la pasividad o la indiferencia que es hoy la tónica dominante. Hay una necesidad urgente de mostrar a la Colegiación toda la fuerza inspiradora del Código para elevar la calidad, inseparablemente humana y técnica, del ejercicio profesional.
Todo directivo, al participar en una sesión de la Junta del Colegio, debería recordar que la “salvaguardia y observancia de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión médica y de su dignidad y prestigio” es uno de los fines fundamentales de la O.M.C.. Eso puede tener un efecto multiplicador sobre la eficacia deontológica de la gestión colegial y contribuir a que sea una realidad que la O.M.C. asume como uno de sus objetivos primordiales la promoción y desarrollo de la deontología profesional, dedicando su atención preferente a difundir el conocimiento de los preceptos de este Código y obligándose a velar por su cumplimiento.
Parte de ese compromiso debería ser el mantenimiento de un grupo de estudio de materia deontológica, un club, animado y no necesariamente formal, amistoso y diverso, donde se analizaran y debatieran los problemas éticos de la profesión. Las publicaciones generales y las profesionales tienen ya secciones fijas para tratar de asuntos, problemas y casos de ética médica y de su amplia frontera con el derecho médico. Pero también los problemillas cotidianos, las anécdotas que se oyen, las noticias de prensa, hasta el texto de los anuncios y de la publicidad profesional deberían ser objeto de atención reflexiva. Un Colegio de Médicos no debería sentirse completo sin un club de estudio y de debate deontológico, que tendría, en relación con la Comisión de Deontología, una función diversa y complementaria, estrechamente fraterna, pero independiente.
Parte de ese compromiso ético del Colegio consiste en respetar y respaldar los pareceres de las Comisiones de Deontología, manteniendo con ellas un diálogo cordial y abierto, que dé cuenta también de las razones que llevan a suspender o modificar los dictámenes que ellas han preparado con tanta dedicación y competencia. Sólo si se da esa relación franca y sincera entre Juntas y Comisiones, se podrán superar con dignidad las inevitables diferencias entre unas y otras y que nacen de las perspectivas diferentes con que contemplan la realidad colegial.
Es patente que la aplicación de medidas disciplinares es tarea poco agradable. Pero si, como es de desear, esas decisiones están informadas por la justicia, la probidad y la imparcialidad debidas, queda asegurado a largo plazo el prestigio moral de los Colegios y el cumplimiento del deber corporativo de velar por la calidad humana y científica de la profesión. Es esa una tarea que no podemos ceder, tal como va sucediendo cada vez más, a la Administración de Justicia.
La cosa deontológica, ética y moral, es, quizás, el negocio más importante que se trae entre manos la O.M.C. Es un asunto corporativo y público, y también una responsabilidad privada. Los colegios tienen un gran papel asignado en la revitalización del estudio y del debate deontológico. Lo desempeñarán con eficacia si acogen las inquietudes y satisfacen las necesidades de todos los que, jóvenes y no tan jóvenes, quieran estudiar y conversar sobre lo profundamente humano del comportamiento médico.