“La provisión de centros de titularidad privada o de iniciativa popular permite a la ciudadanía ejercer sus derechos en un aspecto tan crucial como la educación. Este argumento es suficiente para que el Estado se empeñe en facilitar y subsidiar la creación de estos centros y no lo contrario”. Es una de las conclusiones de la sesión impartida esta semana en la sede madrileña de la Universidad de Navarra por el economista y filósofo, Ignacio Ferrero, quien expuso en la sesión el estudio realizado para la revista “Cuadernos de Empresa y Humanismo”, y titulado “La financiación de la educación primaria y secundaria” (enero 2017).

Ferrero valoró la importancia de la educación pública y algunas bondades de la nueva ley, como el énfasis en la igualdad entre la mujer y el hombre, el empeño en mejorar la educación basada en un mayor aprendizaje personal, la atención al desarrollo sostenible, concretamente los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda de la ONU para el 2030, y la necesidad de atender el cambio digital en la enseñanza. Pero junto a estos aspectos positivos de la ley, también contiene mayores restricciones a los centros escolares de iniciativa ciudadana, que ponen en riesgo muy seriamente. Pero sobre todo impone restricciones a las familias en el ejercicio de su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos.

El profesor Ferrero se hace eco en su artículo de toda la jurisprudencia, tanto nacional e internacional, que determina que es el Estado es el que tiene la obligación de garantizar la provisión, acceso universal y financiación de la educación, si bien el derecho de la educación recae sobre los padres, que deben poder elegir la educación según sus convicciones. “Los padres están reconocidos como la autoridad para decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, dentro de un marco general establecido, y a la vez tienen el derecho de canalizar esas decisiones por medio de la elección de escuelas, entre las que hay o creando ellos mismos centros docentes”.

“La educación que recibe un niño no solamente le beneficia a él sino que  supone un beneficio indirecto a todo el país, ya que contribuye a consolidar una sociedad democrática y estable (...) este beneficio social es tal que justifica que el Estado exija que todos los ciudadanos reciban un mínimo de educación. Pero la justificación de un papel activo del Estado en la garantía de provisión, acceso universal y financiación de una oferta educativa, no implica también la provisión de ese servicio”, explica Fererro.

El decano de Económicas sugiere que los principios de la economía de mercado proporcionan argumentos a favor de que sean los ciudadanos o las familias los que provean esta educación: permite que la oferta educativa se ajuste mejor a la demanda, favorece la competitividad y la innovación, también, la transparencia y la eficiencia de los recursos. “Es más fácil que estas escuelas se ajusten a las convicciones y necesidades de los individuos, que pueden demandar determinados métodos docentes o formación con incidencia en aspectos concretos de la cultura, ciencia, etc”, señala. “Estos centros tienen más incentivos para ofrecer un sistema de calidad y competitivo, al ser el dinero de los propios ciudadanos el que está en juego. Los centros de titularidad ciudadana pueden mejorar la calidad de la educación. Donde no hay mercado libre ni competitividad, es más difícil exigir calidad y competencia”, añade. En el panorama educativo español caben tanto los centros de titularidad estatal como los centros de iniciativa ciudadana, y han de convivir en igualdad de condiciones. Lo que se debería perseguir es que ambos sistemas tengan la mejor calidad posible y que sirvan de motores para el desarrollo de la sociedad española y no perseguir o perjudicar a la educación concertada, convirtiéndola en algo residual.